Los consejeros de Gijón al Norte -muchos de ellos estrenarán sus cargos en esta reunión como los representantes municipales Ana González (PSOE), Aurelio Martín (IU), Rubén Pérez Carcedo (Ciudadanos) y Alberto López-Asenjo (PP)- también hablarán el jueves de dinero. La tesorería de la sociedad Gijón al Norte ascendía el 30 de septiembre a 1,3 millones. Este año y el que viene la financiación procede de un préstamo participativo de 7.150.000 euros suscrito en junio por los tres socios. A la anualidad de 2019 se corresponden 1.540.000 euros y a la del año que viene los restantes 5.610.000 euros.

Pero para hacer frente al grueso de un proyecto que suma más de 800 millones de inversión, de los que a Gijón al Norte le corresponden 360 en lo que tiene que ver con el plan de vías, la idea es recurrir a un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El banco ya tiene el convenio de Gijón desde mayo para su estudio y, en principio, no ha puesto objeciones. De cara a la concesión de ese préstamo sería necesario presentarles un informe socioeconómico sobre la actuación y su impacto sobre la ciudad.

Por otro lado, los consejeros deben votar la prórroga por un año del contrato de auditoria de cuentas con la firma Ernst&Young por 8.500 euros y decidir si se plantea o no un recurso ante el Supremo contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional a favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erri Berri y Contratas Intervías del Levante, que se encargaron de la demolición de las estaciones y levantar las vías. Reclaman más de 370.000 euros por traslados de los railes. Gijón al Norte discrepa de esa cifra. Para ellos, de deberse algo, no iría más allá de 197.000 euros.