"Estoy convencido de que la planta de El Pisón no se abrirá, porque sería una injusticia evidente y confiamos en que la justicia no lo permitirá". Así de contundente se expresó ayer Marcelino Abraira, abogado que lleva desde 1996 la representación de lo vecinos afectados por la depuradora de la zona Este, ante la declaración ambiental favorable a la obra emitida el pasado día 15 por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental.
Abraira se mostró molesto porque el citado departamento, pese a la "obligación de hacerlo", no le comunicó el contenido de una declaración que ha sido recibida por la alcaldesa, la socialista Ana González, como "una gran noticia". "Vamos hacia adelante", añadió la regidora, fijo un período de entre año y año medio para poner en marcha la paralizada depuradora de la zona Este, según publicó ayer este diario. El abogado de la comunidad de El Pisón afectada por estas instalaciones dio, a su vez, un plazo de diez días "para que me den el expediente íntegro". El siguiente paso, subrayó, es que los técnicos estudien el informe: "Y así poder defendernos, planteando los correspondientes recursos, contenciosos y penales, en su caso".
El abogado recordó que, pese al estudio de 2008 de la Confederación Hidrográfica, Gijón está lejos de los 330.000 habitantes que se auguraban para 2020: "Demuestra que la depuradora del Este no era necesaria, bastando con la del Oeste". "Todo han sido caprichos políticos y no debido a decisiones técnicas", indicó Abrarira. Los tribunales paralizaron en abril de 2016 la estación depuradora de La Plantona "También la instalación del desarenado desengrasado en la EDAR (quitada de La Plantona), eliminada por el Tribunal Supremio en julio pasado, puede ser otro delito de malversación de fondos", añadió el abogado.Para éste, no se puede lesionar el interés de los vecinos de El Pisón. "Que no canten victoria", insistió. Afirmó que, en este caso, pueder ser imputables delitos de prevaricación y malversación.
