26 de noviembre de 2019
26.11.2019

Afronta 2 años y 4 meses de prisión por defraudar 140.000 euros a Hacienda

El acusado creó una sociedad en Panamá para evitar el pago de impuestos

26.11.2019 | 12:45

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de 2 años y 4 meses de prisión para un hombre acusado de defraudar 140.000 euros a través de un despacho creado para prestar asesoramiento jurídico a Venezuela.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, desde su constitución en Panamá el 20 de enero de 2010, era socio único de una sociedad panameña, la cual se había creado para prestar asesoramiento jurídico a la Procuradoría General de la República Bolivariana de Venezuela.

La prestación de estos servicios de asesoramiento determinó el pago a la sociedad de una serie de facturas, que se ingresaron en dos cuentas que la entidad tenía en Zurich. Desde una de estas cuentas en Suiza, el acusado recibió en el año 2011, la suma total de 512.000 euros mediante trasferencias a su favor de la citada sociedad a dos cuentas suyas.

Una de las cuentas era de titularidad exclusiva del acusado, mientras que en la otra figuraba como cotitular un compañero de despacho profesional, si bien este último nada tuvo que ver ni con el dinero recibido ni con el gasto o disposición que se hizo del mismo, según la Fiscalía.

Los 512.000 euros que el acusado recibió en el año 2012 lo fueron en concepto de dividendos como único socio de la sociedad. El acusado presentó una declaración-liquidación correspondiente al impuesto sobre la renta de la personas físicas del año 2012, en las que conscientemente omitió el ingreso de esos 512.000 euros como rendimientos del capital mobiliario, haciendo constar únicamente como rendimientos del capital mobiliario en su declaración, 10.500,23 euros.

Como consecuencia de esta autoliquidación "tergiversada" presentada, apunta la Fiscalía, le salió una cuota a devolver de 177,44 euros, que el propio investigado solicito que se le reintegrara, lo que se materializó el 2 de julio de 2013.

De no haber ocultado maliciosamente esos rendimientos del capital mobiliario, la cuota resultante no hubiera sido negativa y a devolver, sino positiva, debiendo haber ingresado la suma de 139.970 euros, cantidad que debe de estimarse como cuota defraudada.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del código penal. Y solicita que se condene al acusado a 2 años y 4 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 200.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada 1.000 euros impagados.

Además, solicita que se condene al acusado durante 4 años a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Abono de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la Hacienda Pública con 139.970 euros, con los intereses de demora correspondientes.

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