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El desempleo en enfermos de salud mental roza el 80% en las patologías más graves

"Muchos acaban con trabajos básicos pero productivos y cobrando una miseria; es un negocio redondo", lamentan los pacientes

El desempleo en enfermos de salud mental roza el 80% en las patologías más graves

Un gijonés de 35 años diagnosticado con esquizofrenia y un 56% de discapacidad dejará de recibir la pensión alimentaria que le abonaba su padre por considerar el juez que el joven sí está capacitado para encontrar un trabajo. El fallo, publicado ayer por este diario, vuelve a poner el foco en la empleabilidad de los usuarios diagnosticados con enfermedad mental grave, muchos todavía rodeados de un estigma que les considera "inestables" y que les relega a grupos marginales. Las asociaciones de pacientes y expertos en psiquiatría, aunque no ponen en duda la decisión del juez en este caso concreto, sí aprovechan para recordar que el concepto de empleabilidad es más relativo en este sector poblacional, cuyos enfermos más graves registran en Gijón unas tasas de paro de hasta el 80%. "Suelen acabar con trabajos muy básicos pero productivos, aunque cobrando una miseria", concreta el psicoterapeuta Josema Amigó, de la Asociación de Bipolares de Asturias.

Amigó reconoce que el tema es "controvertido", porque si un informe psiquiátrico dictamina que un enfermo de salud mental sí está capacitado para trabajar "será por algo", pero también advierte de que los porcentajes de discapacidad psíquica tienen que interpretarse siempre "con cuidado". "Que algo falla se ve a simple vista en cuanto le echas un ojo a los porcentajes de desempleo, que en los casos más serios pueden subir hasta el 80%", afirma.

Es el mismo porcentaje que estima el psiquiatra Alberto Prieto, que matiza que, más allá del nivel funcional del paciente, en su consulta nota una carencia más difícil de cuantificar: la autonomía. "Muchos se comportan bien cuando tienen una orden clara, pero luego son incapaces de tomar una decisión e improvisar. Yo cuando les digo que salgan a la calle y se vayan al cine, pues van, sí, pero luego no se les ocurre dar un paseo o salir a tomar algo. Obedecen, pero no improvisan. Si eso ya da problemas de adaptación en el mundo del ocio, imagínate en el mercado laboral", concreta, y pone otro ejemplo: "Ya no fumo, pero iba en coche a una gasolinera a por tabaco si veía que se me acababa y que lo querría para más tarde. Pues a muchos de estos pacientes, aunque tengan dinero y coche, no se les va a ocurrir planificar esa compra. Esperarán y pedirán un cigarro al primero que se crucen por la calle".

Julio Bobes, catedrático de la Universidad de Oviedo y jefe del servicio de Psiquiatría del HUCA, aboga por impulsar políticas de empleabilidad concretas para este tipo de enfermos. Junto al matiz de Prieto, el experto añade que la productividad de estos pacientes es más inestable, un factor que no acaba de caer bien en el sector privado. "Tienen los inconvenientes de una enfermedad crónica, con periodos de bajo nivel funcional que suele exigir bajas laborales temporales. No rinden igual que una persona sana, eso es indiscutible, pero eso no les hace no ser sujetos al derecho de tener un empleo", razona. Esta carencia de medidas concretas que fomenten su inserción son para él "una de las grandes asignaturas pendientes de la salud mental", sobre todo porque esos periodos concretos de baja rentabilidad se compaginan con otros periodos ordinarios. "No es que no valgan para trabajar, eso está claro. Solo hay que aplicar políticas que bonifiquen su contratación, porque durante los tiempos estables trabajan como cualquier otra persona", explica.

El caso del joven gijonés con esquizofrenia replica una tendencia judicial que, en el fondo, busca lo mejor para este tipo de pacientes. Hasta hace no mucho buena parte de las personas diagnosticadas con una enfermedad mental grave acababan tutelados por un pariente o el Estado, quedando sin ningún tipo de autonomía. Ahora estas restricciones se reservan para casos muy concretos y, poco a poco, el sistema aboga por las denominadas "curatelas", que limitan la capacidad del usuario sólo para las cuestiones que se estimen oportunas, como la gestión de las finanzas o las decisiones de tratamiento sanitario.

En esa misma línea se impulsa la inserción laboral de los usuarios con menor grado de discapacidad (el padre del joven esquizofrénico pensó que extinguir la pensión animaría a que su hijo cambiase de actitud y buscase un empleo), pero Bobes reconoce que este cambio de modelo "llega tarde" para muchos. "Estas enfermedades se detectan en la adolescencia, así que la mayoría ya están marginados del sistema para siempre. Nunca van a conseguir tener los años de cotización suficientes para jubilarse ni tienen una experiencia que les haga ser competitivos. La política tiene que actuar", sentencia.

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