Los 90 trabajadores de la empresa multinacional vasca Harsco, que opera en las instalaciones de ArcelorMittal, se pusieron ayer en huelga para denunciar el mal estado de los vehículos que utilizan, tipo "terberg". "Son tercermundistas", explicitan los operarios de la empresa, que lleva trabajando en las instalaciones asturianas desde enero del pasado año, cuando ganó el contrato a la anterior empresa, radicada en el Principado.

Según denuncia el comité de empresa, lo primero que hizo la multinacional fue "dar de baja todos los camiones que utilizábamos y quitarles la matrícula", impidiendo así que salgan del recinto de ArcelorMittal "para no tener que someterse a los controles propios de una empresa de transportes", afean desde el comité. Entre ellos, por ejemplo, el que sus vehículos tengan que pasar la Inspección Técnica de Vehículos cada seis meses.

Una denuncia que desde el comité de empresa trasladaron a Inspección de Trabajo, así como a la director general de Transportes entre otros organismos, pidiendo "un plan de actuaciones para la reparación de los vehículos". Un acuerdo al que finalmente llegaron con la propiedad de la empresa y según el cual el primer vehículo ya arreglado tendría que haberse recibido ayer. Algo que no sucedió y que desencadenó los acontecimientos.

"No vamos a esperar más, y viendo lo que pasó en El Musel -en referencia al trabajador muerto en un accidente laboral la pasada semana-, menos", explican los trabajadores, que advierten que "cualquier día va a ocurrir un accidente, y de los gordos". Entre las denuncias que hacen los operarios, la temperatura que se alcanza en el interior de los vehículos "que llega a alcanzar los 45 grados", el nivel "altísimo" de ruidos o los "fallos" en los sistemas de frenos. "Lo único que nos dijeron es que mientras tanto nos pongamos un casco", aseguran. En total, son siete los vehículos de estas características que actualmente circulan por el interior de la instalación.

El parón que ayer realizaron los trabajadores obligó a ArcelorMittal a subcontratar a otra empresa para poder mantener la actividad en los altos hornos. Los trabajadores se mostraron dispuestos a "aguantar el tirón", aun cuando se les amenazó con medidas legales y temen incluso un expediente de regulación de empleo.