La Plataforma de afectados por la ordenanza municipal de movilidad, que, entre otras cosas, impedirá aparcar en el centro a aquellos vehículos que por su fecha de matriculación no puedan acceder a los distintivos de la Dirección General de Tráfico, superó ayer las 6.000 firmas en contra de la norma impulsada por el gobierno local de Ana González. Por la mañana, en el rastro de Gijón, Ciudadanos, Foro, el Partido Popular y Vox mostraron su apoyo a una iniciativa que se marca el objetivo de las 10.000 firmas en contra. "No se trata de prohibir sino de buscar otras soluciones", aseguró Iván García, uno de los promotores de la iniciativa.

A la recogida de firmas asistieron por Vox los concejales Eladio de la Concha y Laura Hurlé; por Ciudadanos, fue el portavoz municipal, José Carlos Fernández Sarasola; por el Partido Popular, estuvo la edil Ángeles Fernández-Ahúja; y por Foro, Jesús Martínez Salvador. También estuvieron representantes de algunas de las asociaciones que han secundado a la Plataforma de afectados por la ordenanza municipal de movilidad. Fueron, en concreto, la delegación asturiana de la Unión Internacional de Defensa Motociclista (IMU) y la Asociación de Moteros y Motoclubs de Asturias (AMMA).

Durante la recogida de firmas de ayer en el rastro, los promotores de la iniciativa, que además aportaron 20 voluntarios, afirmaron haber reunido cerca de 2.700 firmas aprovechando, que, además de los asistentes al rastro, se celebra la macrooposición de Emulsa en la que participaron cerca de 5.000 personas. El objetivo es poder llegar a las 10.000 firmas, que una vez conseguidas, irán a parar al registro municipal con el objetivo de poder frenar la ordenanza.

"Estamos de acuerdo en que hay que mejorar la movilidad de la ciudad, pero no prohibiendo a la gente que use el coche", indicó García. "Se pueden intentar mejorar las líneas de autobús y ampliar su recorrido para que lleguen a la zona rural", apuntó. La Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona rural "Les Caseríes" también va a presentar alegaciones a esta norma, que ya suma más de 6.000 gijoneses en contra.