Una sentencia favorable a un gijonés que quedará exento de pagar 2.000 euros de plusvalía por haber vendido su piso con pérdidas respecto a su precio de compra ha reabierto el debate de este impuesto en la ciudad pocos meses después de que la Corporación municipal rechazase en Pleno modificar el planteamiento actual de cobro, que sigue incluyendo los casos de ventas de propiedades con pérdidas respecto a su precio de adquisición. "En otras localidades, como en Pola de Siero, este impuesto ya no se cobra en estos supuestos, porque la plusvalía simplemente no existe, el afectado no ha ganado dinero tras la venta", defiende Carlos Nieto, letrado del implicado.
El afectado, que prefiere mantenerse en el anonimato, vendió el piso en el año 2017 por varios miles de euros menos del precio total por el que lo habían comprado. "El Ayuntamiento, pese a eso, me pidió 2.000 euros de plusvalía y los tuve que pagar, pero les escribí un escrito explicando por qué no estaba de acuerdo. Todos los pasos que fui dando me los rechazaron y acabamos yendo a los tribunales, que nos dan la razón. El dinero, eso sí, aún no me lo han devuelto", razona. Su abogado aclara que la batalla legal estaba "bastante clara" porque el Tribunal Constitucional ya sentó jurisprudencia en estos casos de "minusvalía" a finales del mes de octubre del año pasado. "Desde entonces, otras ciudades, o bien ya no cobran la plusvalía de ventas de inmuebles por debajo del valor de compra o bien giran el recibo pero con un simple recurso con el que afectado presente su escritura de compra y de venta se lo devuelven. En Gijón, seguimos teniendo que ir a los tribunales para conseguirlo", lamenta.
A su juicio, mantener este impuesto, con una sentencia en vigor del Constitucional que lo prohíbe, es "una forma encubierta de prevaricación". "Nos consta que, por ejemplo, Pola de Siero ya no lo cobra. También lo ponen más fácil en Avilés y Oviedo. Aquí se obliga al ciudadano a ir al Juzgado, alargando el proceso. Pero la jurisprudencia es clara; el Ayuntamiento ahora tendrá que afrontar también las costas de todo el proceso", aclara.
Cuando se dio a conocer la sentencia del Constitucional, en noviembre, el grupo municipal del Partido Popular solicitó que se bloquease estos cobros como medida prudencial, y en la sesión plenaria del mes anterior otros partidos de la Corporación presentaron enmiendas que abogaban por restringir estos cobros. Todas las propuestas fueron rechazadas, alegando el grupo de gobierno (PSOE e IU) que no podía permitirse dejar de cobrar un impuesto que reporta a las arcas públicas hasta 15 millones de euros cada año. En esa sesión, Vox planteó incluso la anulación total del impuesto a partir del 1 de enero de este año, aunque no encontró ningún apoyo en el resto de partidos. En paralelo, rechazó las enmiendas del PP y Ciudadanos, que por entonces buscaban, precisamente, centrar las restricciones del cobro de las plusvalías ajustándose a lo dictado por otra sentencia del Constitucional similar.
Por entonces, la edil de Hacienda, Marina Pineda, reconoció que la normativa no acababa de quedar clara tras el fallo del Constitucional, por lo que sería el ciudadano el encargado de demostrar si el valor de sus terrenos ha aumentando o no a lo largo de los años. Nieto intentó frenar el cobro de los 2.000 euros presentando un recurso ante el Ayuntamiento, que fue desestimado, y otro ante el Tribunal Económico Administrativo, que también es de competencia municipal y rechazó la propuesta. En ambos casos se alegó que las liquidaciones eran correctas porque se correspondían con el valor catastral del suelo fijado por la Dirección General del Catastro.
Según Nieto, por tanto, la sentencia a favor de su cliente, emitida desde el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Gijón, simplifica aún más las cosas. "En la anterior sentencia fallada en la ciudad, un perito tuvo que acreditar cómo había cambiado el valor real del mercado y esa prueba pericial es bastante costosa. Ahora ya no hace falta: solo tienes que presentar la escritura de la compra y la de la venta para que se vea que no has tenido beneficios y que has sufrido una pérdida patrimonial", explica.
Según el experto, el debate de las plusvalías debería haberse zanjado ya en abril del año pasado. "Precisamente el Juzgado de primera instancia de esta ciudad cambió el chip. Hasta entonces venía fallando siempre a favor del Ayuntamiento, pero acabó reconociendo que las minusvalías no deberían cobrarse. Se van dando pasos, pero seguimos obligados a ir contra la Administración hasta las últimas consecuencias para demostrarlo", remata.
