El Ayuntamiento de Gijón ha decidido suspender el cobro de la plusvalía para aquellos inmuebles que hayan reducido su valor y, por tanto, no implique una ganancia patrimonial para el vendedor. Así lo ha anunciado el equipo de gobierno media una nota de prensa que detalla que "la decisión ha sido adoptada a raíz de los últimos cambios de criterio del Juzgado de lo Contencioso de Gijón", en referencia a una sentencia publicada esta semana por LA NUEVA ESPAÑA. La concejala de Hacienda, Marina Pineda, aclara también que su equipo "ha ido adaptando la liquidación del impuesto a los diferentes pronunciamientos de los tribunales de justicia".

A partir de ahora, el contribuyente deberá presentar unas escrituras que evidencien una disminución del valor de la vivienda durante el proceso de compra-venta, disminución que deberán comprobar y confirmar los técnicos municipales. Así fue como el caso del gijónes que publicó este diario justificó ante los tribunales que el piso que había vendido en 2017 le había causado pérdidas de varios miles de euros y que, pese a ello, el Ayuntamiento le había cobrado 2.000 de plusvalía. Llevó al gobierno a los tribunales con la mediación de su abogado, Carlos Nieto, que ya adelantaba en este periódico que su sentencia, que condena al Consistorio a devolver los 2.000 euros y asumir las costas judiciales, era "novedosa" por no ver necesario el magistrado la presentación de pruebas periciales (muy costosas), que se limitó a dar por válida la queja del afectado tras comprobar las escrituras de venta y compra.

En cualquier caso, la edil de Hacienda ha remarcado que "el Ayuntamiento de Gijón sigue a la espera de una norma legal que clarifique cuál debe ser la fórmula de cálculo" del valor de los terrenos a los efectos del impuesto de plusvalía y, sobre todo, cuál debe ser la documentación necesaria para acreditar la existencia o no de un incremento que justifique la liquidación del impuesto.

"Los servicios jurídicos municipales se dedican ya casi en exclusiva al tema de las plusvalías y se van acumulando las sentencias condenatorias con costas. Están advertidos de sobra". Así justificó ayer la edil del PP Ángeles Fernández-Ahúja la necesidad de eliminar este impuesto en los casos en los que la venta del terreno no suponga para el usuario una ganancia económica real. El grupo municipal había pedido, junto a Ciudadanos, Foro y Vox, restricciones al cobro de unas cuantías "injustas" que, según cálculos municipales, rondan los dos millones de euros anuales. El gobierno municipal ha dado solución a este problema apenas dos días después de que la sentencia del Contencioso fuese publicada por LA NUEVA ESPAÑA.