Las defensas de varios ex altos cargos públicos y directivos empresariales acusados en el "caso Musel", por las supuestas irregularidades en torno a la obra de ampliación del puerto gijonés, han presentado recursos contra el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado día 11 por el Juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, en el que cuestionan que la jueza haya admitido que la acusación popular solicite para los 21 encausados penas de cinco años de cárcel por un supuesto delito de malversación, reclamándoles además una indemnización al Estado de 250,9 millones de euros por los sobrecostes de la obra.
Entre los recursos que ya se han remitido al Juzgado están los formulados por el expresidente de El Musel Fernando Menéndez Rexach y por el exdirector del Puerto José Luis Díaz Rato, quienes cuestionan que una acusación popular -ejercida en este caso por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN)- pueda solicitar responsabilidades civiles, en este caso los 250,9 millones de euros citados.
Además, ambas defensas, ejercidas por los letrados Agustín Azparren y Viliulfo Díaz, cuestionan que OCAN pueda ahora promover la apertura de juicio oral por supuesta malversación cuando la propia magistrada instructora había ceñido en un auto dictado en julio de 2018 los indicios de los supuestos delitos a los de fraude y prevaricación, en linea con lo que mantiene el ministerio fiscal. OCAN no recurrió aquel auto, con lo que ahora no pueden solicitar que se abra juicio por supuesta malversación, sostienen las defensas.
La diferencia en cuanto a las penas es sustancial. El fiscal pide entre dos y tres años de cárcel para cada acusado por supuesto fraude más penas de inhabilitación para algunos por supuestas prevaricaciones. OCAN pide tres años de cárcel para todos por supuesto fraude, inhabilitación por las supuestas prevaricaciones, pero además solicita cinco años de prisión para cada encausado por supuesta malversación más el pago de los 250.9 millones al Estado. Las defensas recuerdan que el Tribunal de Cuentas exoneró a Díaz Rato y Rexach del pago de 137 millones de euros por los sobrecostes de la obra.
Las defensas también reclaman que el pleito se dirima en un juzgado en lugar de en la sala de la Audiencia Nacional.
