"Me siento preso nuevamente, preso en mi casa desde hace prácticamente dos años; solo piso la calle para ir a consultas médicas y tienen que venir dos ambulancias a bajarme por las escaleras". Constantino Hevia Coto, Tante, antiguo dirigente de IU a nivel local y federal, además de miembro de la directiva de la Asociación Vecinal del Polígono, relata así lo que considera su sexto encarcelamiento. Los cinco primeros fueron por cortesía de Franco en celdas de la cárcel de Carabanchel, en Madrid, para una persona que desde los 14 años se significó políticamente y que se vinculó al PCE durante la dictadura. El sexto es el que ahora mismo vive entre las cuatro paredes de su casa, por la demora del Ayuntamiento de Gijón en conceder una licencia de obras desde la tercera planta del edificio en el que vive, en la calle Puerto de Leitariegos.
Tante, que formó parte del consejo federal de IU desde la etapa de Gaspar Llamazares hasta la de Alberto Garzón, cuando la salud le obligó a dar un paso atrás, y que fue el responsable de salud de la Asociación de Vecinos del Polígono, hasta que por el mismo motivo tuvo que reducir su actividad, comenzó hace dos años a tener problemas de movilidad por una enfermedad que padece desde hace décadas, situación que se agravó en noviembre del año pasado con la amputación de una pierna, por la gangrena.
Su situación y la de otra vecina que tiene dificultades para bajar a la calle llevaron a la comunidad de vecinos a contratar a una empresa para que instalara un ascensor en el edificio. La licencia municipal se solicitó en noviembre de 2019, recibió el conforme de la arquitecta en mayo de 2020 y ahí quedó la cosa.
Una de las cuestiones que más desesperan a Tante y a su familia son las llamadas al Ayuntamiento para intentar que apuren la concesión de la licencia, sin lograr la mayoría de las veces que a su mujer le cojan el teléfono y, cuando lo consigue respondiéndole que la persona responsable del tema no se encuentra en esos momentos. "Es una odisea conseguir hablar con ellos", lamenta Constantino Hevia. Eso es lo que está ocurriendo desde que se decretó el estado de alarma, y tampoco responden a sus correos.
"Mi vida es levantarme de la cama, a la silla de ruedas y al comedor; si quiero asomarme a la ventana, tienen que mover una mesa. Mi mujer trabaja y yo paso gran parte del día mirando para la pared, porque la tele, ya me contarás", explica este veterano activista, de 68 años de edad.
Con la silla de ruedas con motor eléctrico que tiene, podría bajar a la calle y "socializar" si el edificio contara con ascensor. Ahora lo más que puede hacer es ver desde lejos a las personas, en una situación que se ha agravado por el coronavirus, dado que no es conveniente recibir visitas en casa. "¿No hay forma de sacarme de aquí?", añade angustiado, señalando que si se demora, por motivos que no alcanza a explicarse, la concesión de la licencia de obras para instalar el ascensor, al menos que acudieran un par de veces por semana personas preparadas de Servicios Sociales para bajarlo a la calle y subirlo al cabo de un tiempo, como ahora hacen los técnicos de ambulancias cuando tiene que acudir al Hospital Universitario Central de Asturias o a otra consulta médica.
Tante considera injusta la situación que padece. Si el confinamiento durante unos meses por el coronavirus fue duro para el conjunto de la población, él prácticamente lo padece desde hace dos años por motivos de salud. El último de ellos esperando por un trámite burocrático del Ayuntamiento que le permitiría volver a tomar el aire y hablar con los vecinos y amigos del barrio.
Es consciente de que no es la única persona de Gijón en una situación similar y considera que el suyo no es un hecho aislado o puntual "sino una manera de funcionar por parte del Ayuntamiento en la que parece no atender las urgencias de las personas más vulnerables del municipio, personas mayores con discapacidades".
