La acusada de vaciar la cuenta de su tía abuela nonagenaria, sustrayéndole decenas de miles de euros tras la venta de un piso, “abusó de forma clara y notoria del poder notarial que había obtenido de forma legítima”. Así lo aseguró el fiscal en el juicio que tuvo lugar ayer en la Audiencia Provincial, en el que se aumentó la cantidad sustraída de los 52.523,60 euros iniciales hasta los 71.323,60 euros, incluyendo también el coste de un vehículo que la procesada se compró.
Para el Ministerio Público, la encausada se aprovechó de la “vulnerabilidad e indefensión completa” de la nonagenaria, con un evidente deterioro cognitivo, para apropiarse indebidamente del dinero de la venta del inmueble, que se cerró en 170.000 euros. Un dinero que tenía que haberse destinado al pago del centro gerontológico donde la víctima vivía junto con su sobrina –la madre de la procesada–, así como a hacer frente a sus gastos. No obstante, el dinero “se volatilizó” en apenas seis meses, afirma el Ministerio Público. “Utilizó todo ese dinero para lucrarse, no para defender los intereses de su tía abuela, abusando de su confianza”, zanjó el Fiscal. Así, describe cómo antes la mujer vivía con una pensión no muy alta y, tras la venta del piso, “sus gastos se multiplican, con tres o cuatro trasferencias diarias” a favor de la acusada.
La encausada, que responde a las iniciales P. A. L., aseguró que su tía abuela “era plenamente consciente de todo”, tanto a la hora de firmarle los poderes notariales, como al hacerla heredera única y universal, como de dónde se gastaba su dinero. De hecho, llegó a asegurar que le hizo “una donación” –que no consta en ningún registro– por valor de 60.000 euros para comprarse un piso en el que vivir con las dos hijas que tenía a su cargo y un coche. El resto del dinero, asegura, se gastó en visitas médicas, en la compra de ropa y otros productos para la víctima y su sobrina o para adquirir una silla de ruedas o aparatos de audición, sin aportar ningún documento que justifique estos gastos. También para el pago de la residencia, del que solo constan dos transferencias porque, asegura, “el resto lo hice en mano al director” del centro. Un relato “inverosímil y no creíble” a ojos de la Fiscalía.
La familia de la víctima, en palabras de su sobrina –tía de la acusada– aseguró que la nonagenaria “no podía ni verla delante” porque en su presencia “se ponía nerviosísima”, remarcando que la anciana no era consciente de haber vendido el piso. “Cuando se lo dije, se puso a llorar como una loca”, aseguró la testigo, que acusó a P. A. L. de haberle propinado “una paliza de muerte” por la que tuvo que estar ingresada. En el juicio por este delito de lesiones, la ahora encausada quedó absuelta.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita una pena de cinco años de cárcel. “Es una pena elevada por lo reprochable del asunto”, enfatizó el representante del Ministerio Público, que afeó que la víctima se tratase de una familiar de la procesada, de muy avanzada edad y vulnerable a la que la encausada “dejó desvalida, sin el dinero para vivir los últimos años de su vida” al no poder siquiera hacer frente al pago de la residencia donde se encontraba. La defensa interesa la libre absolución de la acusada, entendiendo que no hay pruebas de cargo que puedan enervar la presunción de inocencia.
