Una joven gijonesa que perdió su teléfono móvil y acudió a Comisaría para denunciar la desaparición ha sido condenada a seis meses de cárcel por agredir a los agentes que la atendieron en las dependencias policiales de El Natahoyo. Los agentes trataron de explicarle, sin éxito, que era imprescindible el número IMEI del teléfono –código identifica al aparato de forma exclusiva a nivel mundial– para formalizar la denuncia. Y que si no lo tenía, debía averiguarlo, unas indicaciones a las que la mujer respondió de forma violenta con patadas y manotazos.
El incidente se originó el noviembre del año pasado, cuando la jove acudió hasta la comisaría de la Policía Nacional, sobre las 23.30 horas, a presentar una denuncia. El agente que realizaba funciones de seguridad en la puerta le explicó que para denunciar la sustracción del móvil era imprescindible aportar el número IMEI. La joven, ya contrariada, explicó que desconocía el número y que no lo tenía, “adoptando por ella una actitud de progresiva hostilidad ante el agente”, pues la mujer pretendía pese a todo “formular la denuncia” de la desaparición del móvil.
El agente, ante la airada conducta, invitó a la mujer a abandonar las dependencias policiales, interviniendo para ello un segundo policía en la escena. Según explica la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Gijón, la mujer, “evidenciando menosprecio del principio de autoridad” –un mal cada vez más extendido en la ciudad, según alertan siempre los sindicatos policiales– y “con la deliberada finalidad de menoscabar la integridad física de los policías”, se abalanzó contra uno de ellos para iniciar un forcejeo con él. Parecía imposible que se tranquilizase.
La mujer, al verse atrapada por los dos policías intervinientes, comenzó entonces a dar patadas contra los agentes y a bracear, teniendo que ser reducida y detenida por ambos agentes, que tal y como destaca la sentencia “emplearon para ello la fuerza física mínima, imprescindible y proporcionada a la violencia desplegada” por la acusada. Los dos policías, de hecho, resultaron heridos leves, pero precisaron asistencia sanitaria en el Hospital de Begoña.
A la vista de las pruebas aportadas en la causa, y el testimonio de los agentes, la procesada aceptó la rebaja de seis meses de cárcel que le hizo el Ministerio Fiscal, que de inicio solicitaba una condena de un año y medio de prisión por un delito de atentado a agente de la autoridad. Además, resultó condenada por un delito leve de lesiones que se traduce en el pago de una multa de 180 euros, con 15 días de privación de libertad en caso de impago. También deberá indemnizar a uno de los agentes a los que agredió con 280 euros por las lesiones causadas. El centro médico renunció a esa indemnización, refleja el fallo.
