A 3.232 vecinos que conforman 1.492 familias de Gijón llegarán las nuevas ayudas que pondrá en marcha la Fundación Municipal de Servicios Sociales antes de que acabe el año. Son ayudas directas que servirán de refuerzo económico a familias que ya están en la órbita de los servicios sociales locales y que movilizarán algo más de 1,2 millones en un año donde las personas vulnerables de la ciudad han pasado a serlo aún más por la crisis social y económica que acompaña la crisis sanitaria del covid-19. Las ayudas van destinadas a la compra de productos, sobre todo de primera necesidad, con lo que suponen además un extra de apoyo municipal al pequeño comercio, uno de los sectores más afectados por la pandemia.
Este matiz y el hecho de que la mayor parte del dinero utilizado fuera el reservado a inicios de este año para la renta social en base a un acuerdo presupuestario de PSOE e IU, desde el gobierno, y Podemos-Equo desde la oposición –acuerdo que hablaba de su redefinición y de una nueva convocatoria en abril que nunca llegó a hacerse– ha llevado a que las nuevas ayudas se presenten como una prolongación extraordinaria de la polémica renta social que se puso en marcha en 2017 y surjan de un pacto compartido por todo el bloque de la izquierda. Por ello, ayer la presentación corrió a cargo de la concejala de Bienestar Social, la socialista Natalia González, pero también de los portavoces de IU, Aurelio Martín, y Podemos, Laura Tuero. Todos huyeron de polémicas porque, en palabras de Aurelio Martín, “más allá de los nombres, lo importante es el contenido”. “La responsabilidad era dar uso a ese millón de euros en ayudas ágiles y rápidas”, defendió Tuero.
Las nuevas ayudas se organizan a través de dos líneas. Por un lado están las ayudas directas de emergencia que suman 262.125 euros y llegarán a 382 familias, que ya fueron beneficiarias de este tipo de ayudas entre enero y noviembre de este año. Son aportaciones económicas de 500, 700. 800, 875, 900 o 950 euros según el número de miembros que tenga la familia y que se gestionan a través de una tarjeta bancaria prepago que se puede utilizar en la compra de productos de alimentación e higiene.
Pero el grueso del dinero, 995.775 euros, se va a la línea de ayudas complementarias directas. Las familias beneficiarias son aquellas que ya tuvieron una ayuda económica a la integración en el mismo periodo de tiempo y los pagos se hacen por transferencia bancaria. Según los componentes de la familias serán 700, 950, 1.050, 1.125 o 1.200 euros. El dinero se debe destinar a la compra de productos en, preferiblemente, el comercio de proximidad y por ello el nombre de “Mi barrio” del proyecto en cuanto a la implicación comercial. La Unión de Comerciantes volverá a tener un papel protagonista en la ejecución como intermediario entre familias, comercios y Fundación. El punto de partida serán los comercios que ya se habían adherido al programa de renta social en su momento pero sin limitar que otros puedan unirse. Y serán las facturas que ellos emitan la fórmula para controlar el destino de ese dinero.
Uno de los cambios fundamentales sobre la renta social es que desaparece la tarjeta específica de compras. La justificación de la ayuda recibida se hace con la aportación de las facturas
Uno de los cambios fundamentales sobre la renta social es que desaparece la tarjeta específica de compras. La justificación de la ayuda recibida se hace con la aportación de las facturas y teniendo en cuenta que el saldo no gastado antes del 31 de mayo de 2021 habrá que reintegrarlo a la Fundación de Servicios Sociales. Los técnicos municipales requerirán de forma aleatoria documentación a un 15% de los beneficiarios para mantener el control. Hay que tener en cuenta que son familias que tienen expediente previo ya en los Servicios Sociales.
Otro de los cambios con respecto a la antigua fórmula de renta social se encuentra en el catálogo de productos y servicios autorizados. Además de algunas matizaciones en cuantías sobre las partidas ya conocidas para ropa, calzado, medicamentos, equipamiento del hogar o electrodomésticos básicos se incorporan las opciones de adquirir material informático con un máximo de 500 euros por ordenador y 200 por tablet y de productos frescos de alimentación en carnicería, frutería y pescadería. Sin topes. Una vez aprobada la convocatoria en la junta rectora de la Fundación las familias recibirán una notificación directa para explicarles cuanto dinero les toca y como lo van recibir.
La situación de prórroga presupuestaria vuelve a colocar un millón de euros para la renta social en la casilla de salida de la Fundación. ¿Supone eso que habrán renta social en 2021? “El escenario es muy incierto por la pandemia y tenemos que ver cómo quedan el ingreso mínimo vital y el salario social. Eso nos llevará a trabajar en una reformulación de las ayudas municipales, que era lo previsto para este año”, matizó la socialista Ana González.
La exclusión de beneficiarios nuevos y la falta de control, las primeras críticas
Con reticencias por lo que tienen de igual en muchos elementos con la vieja renta social, en unos casos, y entre dudas sobre las novedades, en otros, recibían los partidos del centro derecha el nuevo plan de ayudas sociales. Carácter especial tiene la valoración de Foro como heredero del gobierno que puso en marcha el plan para cumplir un acuerdo con Xixón Sí Puede e IU que les garantizaba el presupuesto de 2017.
“¿Cómo nos vamos a oponer desde Foro a una medida que aparte de dar continuidad a nuestro programa de la renta social va a ayudar a los gijoneses con menos recursos y encima va a meter un millón de euros en el comercio de la ciudad?”, explicó Pelayo Barcia. Su única pega es que pasar de “ dinero en tarjeta a dinero en metálico quizás haga el control más dificultoso y los objetivos del programa no se logren”.
Mara Simal, concejala de Ciudadanos, ve “escasas diferencias entre la renta social y el programa Mi barrio” pero sus preocupaciones son otras y tienen que ver con la exclusión de nuevos perceptores al dirigirse a quienes ya fueron beneficiarios de ayudas y la disminución del grado de control. “No vemos mal en que sea el comercio local el destinatario de las compras ligadas al programa, y más aún en las circunstancias actuales. Pero una más vez se olvidan que el verdadero objetivo de las políticas sociales debe ser la integración y reinserción socio-laboral de sus beneficiarios”, remata Simal.
“Lamentamos que se siga en la autocomplacencia y el autobombo. Simplemente es un cambio de terminología cuando lo que se pide es que dejen de marear la perdiz para afrontar el drama social que vive la ciudad con los recursos necesarios para poder resolver necesidades vitales”, indicó por su parte el portavoz del PP, Alberto López-Asenjo, tras recordar que su partido ya alertó en abril de las necesidades a cubrir pero “siempre responden con planes que se anuncian y medidas que no llegan”.
Que las ayudas se vayan a hacer sin una convocatoria pública abierta es un problema para Vox porque “puede entenderse que favorece un clientelismo político, con el que no podemos estar de acuerdo. Deben poder concurrir todos los gijoneses que lo necesiten en igualdad de condiciones”. Pero no es el único problema que encuentra Eladio de la Concha: “Nos parece que el dinero público que se dedique esas ayudas debe tener un riguroso control para evitar injusticias y agravios comparativos y no se cumple con este requisito si las ayudas se materializan mediante transferencias directas a las cuentas de los beneficiarios”.
