La concejalía de Movilidad ya tiene en sus manos las 178 alegaciones presentadas por ciudadanos y entidades al texto de la ordenanza de movilidad sostenible a la que el Pleno dio su aprobación inicial el pasado mes de octubre. La cifra al cierre del plazo de información pública en la medianoche del miércoles aún no es la definitiva ya que quedan por contabilizar las alegaciones que se hubieran presentado a través de registros vinculados al 060 con el que trabajan el Principado, la Delegación de Gobierno y algunos grandes ayuntamientos de Asturias. La experiencia hace pensar que no serán muchas las alegaciones a sumar por esa vía.
Esas 178 alegaciones conforman una cifra inferior a la que se podía esperar teniendo en cuenta la contundente oposición política generada dentro del Ayuntamiento, con el rechazo de la bancada de centroderecha, y la ciudadana liderada desde la denominada Plataforma contra la ordenanza municipal de movilidad, que registró más de 23.000 firmas pidiendo dar marcha atrás al documento y movilizó a mediados de diciembre a medio millar de coches clásicos en una manifestación en la calle.
Para este colectivo el gran problema tiene que ver con las limitaciones que la ordenanza impone a los coches sin distintivo ambiental, que no podrán aparcar en zona azul a partir de 2022, ni transitar por el casco urbano a partir de 2026. Y a este colectivo y esas críticas parecen corresponder el 80% de las alegaciones registradas ya que comparten un mismo modelo de documento y una misma argumentación.
Tampoco parece ajeno a esa movilización de asociaciones y propietarios de coches antiguos el hecho de que se hayan recibido 17 alegaciones de residentes de fuera de Gijón. Una desde Madrid y otras de vecinos de Oviedo, Castropol, Siero, Avilés, Carreño, Villaviciosa, Gozón y Langreo. De hecho, en el caso de esa última localidad, son cinco alegaciones registradas desde una misma dirección. Aunque mayoritariamente las alegaciones son de particulares , y se organizan en doce modelos temáticos distintos, también hay propuestas que llegan desde entidades y organizaciones. Entre ellas las dos federaciones vecinales de Gijón: la de la zona urbana y la de la zona rural.
Si todo sale según lo previsto en la concejalía que lidera Aurelio Martín, el informe de alegaciones podría ir a comisión a finales de febrero para que fuera el pleno de marzo donde se diera la aprobación definitiva a una ordenanza que cuenta con el respaldo de PSOE e IU desde el gobierno y Podemos-Equo desde la oposición.
