Los afectados asturianos por el cierre inesperado de las clínicas de iDental, que en la región tenía su sede en Gijón, no salen de su asombro al ver que todas sus reclamaciones judiciales se desestiman sistemáticamente y que, además, les están obligando a pagar las costas de todos los procedimientos en marcha. “No hay justicia para los pobres”, lamentan con amargura las pacientes, .
Desde el año pasado se vienen celebrando varios juicios civiles en Gijón por un caso que ha dejado en la estacada a más de 500 personas en toda Asturias, muchas de ellas con costosos tratamientos empezados, dolores insoportables y numerosas irregularidades que han llevado ante el juez por lo que consideran una “mala praxis”. Para su consternación, la docena de sentencias dictadas hasta ahora en Gijón han tenido el mismo resultado. No sólo se desestiman las indemnizaciones, sino que además se les obliga a pagar las costas de los juicios por cuantías que llegan hasta los 12.000 euros.
Uno de los ejemplos es el de Mónica Merino, presidenta de la plataforma de afectados, que denunció a iDental por dejarla tirada cuando le habían colocado varios implantes de manera defectuosa y sin terminar el trabajo. “Tengo que sacar varios, pero el juez no ha visto mala praxis en ello. Y es muy sorprendente porque tengo, como el resto de afectados, el aval de un perito que ha certificado que el trabajo que se nos hizo en la boca fue una chapuza”. La docena de sentencias que se han fallado hasta ahora sólo recogen que se resuelvan los contratos con las entidades financieras, esto es, que se reintegre a los pacientes la cantidad que ya llevaran abonada por el préstamo que tuvieron que pedir para iniciar el tratamiento, así como que no tengan que abonar el resto del dinero que debían. Pero “nada de indemnizaciones por los perjuicios que nos han causado; nos han dejado con la boca sin arreglar, y lo que nos han arreglado estaba mal”, lamenta Merino.
A todo este problema se suma “que encima tenemos que pagar 12.000 euros, con lo que nos devuelven de la financiera no nos alcanza para nada”, recalca. Una situación “incomprensible”, afirma, toda vez que “en otras comunidades está habiendo fallos a favor de indemnizar a los pacientes y aquí se rechazan de forma sistemática; nadie sabe lo que pasa”.
En el caso de la madre de Ruth López, también afectada. “La pobre no sale de casa porque no se atreve tal y como tiene la boca”, explica. A ella “le sacaron piezas que no era necesario tocar, y aunque acabó el tratamiento, los implantes que le hicieron están mal, como así lo certifican los peritos”. “Tienen un ángulo incorrecto y le ocasionan numerosos dolores, además le perforaron el tímpano, pero parece que no pasada nada”, denuncia. En su caso, pedían una indemnización de 90.000 euros, pero el juicio no llegó ni a celebrarse. “La jueza dijo al abogado que ya sabía cuál era su opinión en este caso y que nos arriesgábamos a pagar las costas, así que desistimos”, explica la hija, antes de subrayar que “no hay justicia para los pobres”. “No queremos lucrarnos, sólo que se indemnice el sufrimiento de los pacientes en una pesadilla que no se acaba”, resalta.
A Pedro Merino también le obligan a pagar 12.000 euros de costas. Pedía una indemnización de 76.000 euros y tan sólo ha conseguido que le devuelvan 3.500 euros. “Encima perdemos más dinero, no hay quién lo entienda”, se queja, con “dolores de mandíbula, la boca cansada y todo a medio hacer”. La mayoría, además, han desistido de apelar porque “encima de todo nos arriesgamos a pagar otros 6.000 euros, puesto que han dejado claro que no prosperaría”.
