La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de dos empresarios, padre e hijo, acusados de estafar de forma continuada a una siderúrgica. La vista oral está señalada mañana, 14 de abril de 2021, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10,00 horas. Solicita para ellos una pena de dos años y medio de cárcel para cada uno.

Hay dos empresas implicadas en el caso. Cuenta Fiscalía, que la empresa A mantenía desde hace años relación comercial con la empresa siderúrgica B, ambas con domicilio social en Gijón. Así, la empresa A contrajo con la empresa B una deuda por impagos de pedidos de los dos años anteriores a 2016 y que ascendía a 123.628 euros, consecuencia de la adquisición de chapas y piezas oxicortadas. Uno de los acusados era, en ese periodo, administrador único de la mercantil A, empresa que perteneció a su padre, el segundo acusado, hasta su jubilación, sin que en este periodo ostentara en ella cargo alguno. No obstante, el Ministerio Fiscal sostiene que ambos actuaron de común acuerdo y con ánimo de defraudar, generando apariencia de normalidad y honradez.

Ante el impago y su elevada suma, la mercantil B se negó a continuar la relación comercial con A. La situación de esta última empresa abocó en el año 2017 a un concurso de acreedores, pues no disponía de activo, situación que motivo igualmente el impago a trabajadores, cuya reclamación dio lugar a varios juicios en distintos juzgados de lo social de Gijón. "A sabiendas de la mala situación económica y actuando los acusados de común acuerdo y con ánimo de defraudar", según Fiscalía, propusieron a la mercantil B librar cuatro pagarés por importe de 30.907,19 euros cada uno, interviniendo como avalista el segundo acusado, generando así una falsa apariencia de restauración de la normalidad económica y compromiso de pago, ajena a la realidad, que dio lugar al restablecimiento de la relación comercial.

A raíz de la emisión de estos pagarés, la empresa A realizó tres pedidos en fechas 21 y 29 de marzo de 2016 y 31 de mayo de 2016, que fueron atendidos por la vendedora B. Estos tres pedidos ascendían a 5.141,30 euros,  1.575,42 euros y 275,88 euros, respectivamente, y fueron abonados, dando así la pretendida apariencia de que igualmente iban a pagar los pagarés. No obstante, llegada las fechas de vencimiento, los pagarés no fueron atendidos, generando gastos por devolución por importes de 1.870,35 euros, 1.236,29 euros y 1.393,77 euros y, pese a las acciones legales iniciadas por la empresa siderúrgica B para conseguir su pago, no fueron satisfechos. Los acusados eran conscientes en el momento de la emisión de los pagarés de que no iban a hacer frente al pago, lo que provocó un empeoramiento de la situación financiera de la empresa BBB, con dificultad para atender pagos. Fiscalía cree que lo relatado es consecutivo de un delito de estafa y solicita dos años y medio de cárcel para cada acusado, así como que conjuntamente indemnicen a la empresa B, la demandante, con 123.628 euros más la devolución de los pagarés, que ascendió a 5.500.