No tiene la envergadura de los 3,6 millones aprobados en el Pleno de marzo, pero la Fundación Municipal de Servicios Sociales ya tiene en marcha una nueva modificación presupuestaria. La propuesta que la concejala socialista Natalia González presenta a la junta rectora de la entidad es de 289.930 euros: 41.880 euros en créditos extraordinarios y 248.050 por suplementos de crédito.

Una parte del ajuste va a suplementar el capítulo de personal en base a la necesidad de contratar un sociólogo para el equipo de gestión de la Red de Inclusión Activa, un auxiliar administrativo para el departamento de personas mayores y dependientes que centre su actividad en el servicio de ayuda a domicilio y un responsable de unidad de trabajo social que ponga en marcha, como experiencia piloto, un servicio de atención telefónica de los servicios sociales municipales. Una fórmula de trabajo que se tuvo que asumir obligatoriamente por las excepcionalidades de la pandemia pero que ahora desde la Fundación se quiere consolidar de una forma estable y protocolarizada. A esos costes no computados en el presupuesto prorrogado inicial hay que sumar el incremento de productividad que se está negociando con los sindicatos.

Otro bloque de esa modificación presupuestaria se va a obras menores. Algunas en viviendas y equipamientos que están siendo utilizados para el proyecto Prometeo, un dispositivo para personas sin hogar con problemas de salud mental, y el piso de primera acogida a inmigrantes. Además, hay una partida de 20.000 euros para hacer 20 programas de televisión de treinta minutos de duración dentro del paquete de actividades para combatir la soledad no deseada entre los mayores.

“Mi barrio”

Por otra parte, los máximos responsables de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y directivos de la Unión de Comerciantes mantuvieron ayer una reunión para analizar el bajo nivel de gasto que se ha ejecutado en el programa “Mi barrio”. El Ayuntamiento habilitó a final del año pasado una partida de un millon de euros que transfirió de manera extraordinaria y directa a familias vulnerables para que pudieran hacer compras en comercios de la ciudad adheridos al proyecto. El proyecto se acaba el 31 de mayo y ahora mismo las ventas ejecutadas no van mucho más allá de los 300.000 euros.

Desde la Fundación se realizará estos días una ronda de contactos telefónicos con los beneficiarios que no han hecho compras para ver si hay algún problema que pueda ser subsanado. Alguna razón que justifique el poco uso de un dinero que, de no gastarse, tendrían que devolver. También se van a tantear las posibilidades legales de que el programa pueda ampliar su plazo de ejecución para que todas las familias hagan efectivas las compras con el dinero que se les ingresó ya a principios de año. La idea compartida por Fundación y Unión de Comerciantes es que cualquier decisión que se tome no suponga un problema añadido para las familias.

Desde la Unión también se ha trabajado en la adhesión de más negocios de alimentación, como una de las carencias que se habían detectado en un primer momento. Se han tenido alrededor de 250 contactos con firmas de ese sector concreto.