El Tribunal Supremo ha rebobinado en su decisión de dar por firme la sentencia del Tribunal de Cuentas que exime a los exdirectivos de El Musel Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato de pagar 135 millones de euros por supuesta responsabilidad contable, fundamentalmente por los sobrecostes de la obra de ampliación del Puerto. Un error en la tramitación administrativa había llevado a pensar al alto tribunal que la Abogacía del Estado no había presentado en plazo el recurso contra la sentencia, cuando sí lo había hecho. Ahora, el fallo se deberá revisar.
Este aparente ausencia de recurso fue el motivo que llevó a la sala tercera de lo contencioso–administrativo del Tribunal Supremo a dictar, el pasado 8 de abril, un decreto declarando firme la sentencia absolutoria emitida por el Tribunal de Cuenta meses atrás. Ahora, el escrito que sí había presentado la Abogacía del Estado, junto con las alegaciones formuladas por el expresidente y el exdirector de El Musel, será analizado por el magistrado ponente Antonio Fonseja-Herrero Raimundo, el encargado de decidir si es admitido a trámite o no.
En el nuevo decreto del Tribunal Supremo se explica el motivo del equívoco que le llevó a dar por zanjado a destiempo el asunto. El plazo para interponer recurso vencía el pasado 30 de marzo. Se ha constatado que la Abogacía del Estado se personó el 8 de marzo para recurrir, pero “debido a un error en la gestión por parte de la Oficina de Registro y Reparto, dicho escrito no fue volcado informáticamente al asunto hasta el día 6 de abril”. El expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, y el exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato, que ya habían dado por superado este procedimiento judicial, de forma favorable, tendrán ahora que esperar a que se pronuncie otra vez el Tribunal Supremo.
El Tribunal de Cuentas decidió fiscalizar en 2016 la obra de ampliación de El Musel, un procedimiento en el que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pidieron responsabilidades a ambos exdirectivos. Pese a ello, tanto la instructora del procedimiento, como la magistrada que dictó sentencia en primera instancia, como posteriormente la sala del Tribunal de Cuentas a la que se recurrió, no apreciaron responsabilidad contable de ambos exdirectivos. La Fiscalía optó por no recurrir ante el Tribunal Supremo, algo que sí ha efectuado la Abogacía del Estado.
Para el resultado favorable a ambos exdirectivos portuarios, hasta la fecha, fueron determinantes los informes elaborados por la Autoridad Portuaria de Gijón. Por un lado, aportó un informe encargado a la consultora American Appraisal en el que esta firma valora la ampliación de El Musel en 92,3 millones de euros más de los que la Autoridad Portuaria pagó a la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, FCC Construcción, Sato y Alvargonzález Contratas). La principal diferencia entre los precios de liquidación de la obra y la estimación de American Appraisal está en los rellenos de los muelles –efectuados con arena del fondo marino y en menor medida con material de escombreras–, trabajos por los que el Puerto pagó 61,64 millones de euros y valorados por la consultora estadounidense en 146,47 millones, esto es, 84,83 más. La obra se licitó y adjudicó en 499,35 millones de euros, se liquidó en 708,7 incluyendo sobrecostes y actualización de precios y American Appraisal la valora en 801,08 millones.
Si el informe de American Appraisal fue uno de los argumentos de las defensas, también lo fue el contrainforme de casi 600 páginas elaborado por la Autoridad Portuaria de Gijón en el que se contradicen las afirmaciones y conclusiones del informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), en el que se apoyaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado, documento que el Puerto también remitió a la Comisión Europea, a la que la OLAF ha propuesto que revoque los 247,5 millones de euros con los que subvencionó la ampliación.
El informe de la OLAF también dio pie a un procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional en el que serán sometidos a juicio ambos exdirectivos junto a excargos públicos del Ministerio de Fomento (hoy de Transportes) y a exdirectivos de Dique Torres y de las empresas que integran la UTE, por un supuestos fraude y, en alguno de los acusados, también por supuesta prevaricación. Este procedimiento penal ha obligado a paralizar el recurso contencioso-administrativo presentado por la UTE para reclamar al Puerto 350 millones de euros de sobrecostes adicionales.
