Hi Mobility y Reby, las dos empresas de alquiler de patinetes eléctricos, descartan por dificultades técnicas e informáticas implantar el casco en sus vehículos cuando la ordenanza de movilidad, que hace obligatorio el uso de protecciones, entre en vigor. La norma se publicará en el BOPA en breve y recoge inmovilizaciones de vehículos y multas para los que circulen sin casco por la calzada con un vehículo de movilidad personal (VPM). El gobierno local explica que la aplicación “será progresiva” y descarta multar desde el primer día. Mientras, sigue preparando su gran reforma del servicio que pasará a concederse a un único operador en lugar de los dos que hay ahora. “No fomentar la competencia es perjudicial para el usuario”, coinciden David Gómez, responsable de Reby, y Alejandro Díaz, presidente del Grupo Baldajos, matriz de Hi Mobility.
La imposición del casco se discutió en la comisión de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente en febrero, dos meses antes de la aprobación de la ordenanza. La norma recoge en sus artículos 50.5 y 151.13 la obligación de circular con protecciones a los usuarios de VMP que vayan por la calzada. Se prevén multas de hasta 200 euros e inmovilizaciones a aquellos que se nieguen. La obligatoriedad no se hace extensiva ni a los carriles bicis ni a los ciclistas. Hasta ahora, solo los menores de 16 años que usaran este tipo de transportes tenían que protegerse.
Aunque Reby y Hi Mobility consideran “discriminatorio” que los patinetes sí tengan que plegarse al casco y no las bicicletas, no hubo ninguna alegación a la normativa. Tan solo Reby presentó un documento fuera de plazo con sus propuestas. Tampoco a nivel político se mostró disconformidad. Todos los partidos coincidieron en la necesidad de usar el casco y solo Foro pidió retrasar la norma, en espera de que se implementara en otras ciudades para no causar “perjuicios innecesarios”.
David Gómez asegura que no incorporará el casco en su flota de 150 vehículos de Reby cuando entre en vigor la norma. Lo mismo dice Alejandro Díaz que tiene cerca de 250 vehículos del Grupo Baldajos. Ambos empresarios coinciden en que la imposición de las prohibiciones supondrá un descenso de clientes. Mientras Reby prefiere no adelantar acontecimientos, el Grupo Baldajos baraja una reducción de su flota. “Habrá que orientarse hacia las zonas que estén más próximas al carril bici. No hay fórmula en el mercado para poder adecuar el patinete al casco. Tendrá que ponerlo el usuario”, afirma Díaz.
En el último año, el gobierno local ha emprendido una pacificación del uso de los patinetes eléctricos. En julio del año pasado, prohibió circular a los VMPs por la acera. En esa ocasión, el Ayuntamiento dejó un plazo de una semana de margen para que los usuarios se pudieran adaptar. Con la obligación del uso del casco se pretende seguir una estrategia parecida. “La aplicación será progresiva”, apuntan desde el área de movilidad, que casi siempre que ha puesto en marcha una reforma de calado ha dejado un margen para que la ciudadanía se acostumbre. Así sucedió por ejemplo con las peatonalizaciones de Cimadevilla y la salida de coches por el tránsito de las Ballenas.
En lo que no tiene pensado aflojar la concejalía de Movilidad es en su plan para limitar a una sola compañía el servicio de alquiler de patinetes. El Ayuntamiento se encuentra redactando el pliego de condiciones para sacar a concurso este servicio. Quedará un solo operador. “El objetivo es que sea un servicio público gestionado con una empresa concesionaria. Es el modelo de muchas ciudades españolas y europeas”, aseguran desde el área que encabeza Aurelio Martín.
Esta postura es muy criticada tanto por Reby como por Hi Mobility. “Esperemos que encaucen eso y que escuchen. Entendemos que dejando un solo operador no se fomenta la competencia. Esperaremos a ver cómo es el concurso antes de tomar cualquier decisión”, apostillan. Idéntica visión tiene el presidente del Grupo Baldajos, Alejandro Díaz. “Creemos que lo saludable es que haya dos empresas. Tampoco puede ser muy abierto porque no hay una masa suficiente”, indica. “Ahora somos dos empresas asturianas las que estamos funcionando y creemos que podemos dar un buen servicio”, zanja.
Según la información municipal hay al menos seis empresas interesadas en hacerse con este servicio en Gijón. Una de ellas tiene una flota de 400 vehículos.
