El gobierno local abrió ayer la ronda de negociaciones con la oposición –salvo con Vox– de las ordenanzas fiscales de 2022, que incluye entre otras las subidas de la tasa de basura, el billete del autobús y de la zona azul (ORA) y por primera vez aplica el IBI diferenciado para inmuebles de más de 1,5 millones de euros de valor catastral, pero con un incremento muy ligero respecto al tributo normal. El incremento en la presión fiscal apenas llegará a dos euros al año por habitante, resaltó la concejala de Hacienda, Marina Pineda. El proyecto no contenta ni a derecha ni a izquierda en la oposición. En el primera caso, por la subida impositiva y el IBI diferenciado. Y, en el caso de Podemos, por considerar que no contribuye a la redistribución de la riqueza, en contra de lo que defiende el gobierno local.
Marina Pineda recalcó que el incremento impositivo es necesario para “mejorar los servicios públicos, ampliarlos y consolidarlos, para lo que es esencial lograr el equilibrio presupuestario” en una ciudad que lleva ocho años con congelación de ingresos. Un desequilibrio entre gastos e ingresos impide tener un presupuesto, como ocurrió este año por la pandemia, apuntó. La edil también recordó que en los anteriores mandatos “se advirtió permanentemente al anterior gobierno de Foro, que hizo caso omiso, y llegamos al punto en el que los ingresos corrientes son inferiores a los gastos corrientes y eso lleva a no poder elaborar un presupuesto municipal”, señaló Pineda.
La edil apuntó que se precisa una “actualización progresiva” de los tributos municipales y que pese a las subidas planteadas para este año, Gijón seguirá siendo la segunda ciudad de España con menor presión fiscal de entre las 50 mayores de España, agregó, poniendo Marina Pineda como ejemplo los 391,7 euros anuales por habitante de Gijón con los 494,9 de Oviedo. “El incremento total de recaudación que proponemos, no llegaría a 2 euros de incremento en esta presión fiscal”, agregó la edil de Hacienda.
En cuanto al IBI diferenciado, el gobierno local había aprobado en 2020 y suspendido su aplicación por la pandemia, un IBI diferenciado con un tipo del 0,79% para los inmuebles con un valor catastral superior al millón de euros. El proyecto que ahora pone encima de la mesa el gobierno local de PSOE e IU es el de aplicar un tipo del 0,55% a los inmuebles con un valor catastral superior al millón y medio de euros, lo que afectará a 110 edificaciones en la ciudad, de ellas 40 de uso comercial, 20 de ocio y hostelería, 18 de oficinas, 12 de almacén y estacionamiento y 20 incluidos bajo el epígrafe de obras de urbanización y construcción en el Catastro. De aprobarse en esos términos, el IBI diferenciado sería sólo una décima más alto que el tipo normal del IBI, que es del 0,45%.
“Nosotros tenemos la convicción de que hay que ir hacia un IBI diferenciado, pero creemos que aunque estamos en un momento de recuperación económica y la actividad económica está dando unos signos muy positivos, tenemos que ser prudentes y creemos que esto se tiene que ir implantando progresivamente”, señaló ayer Marina Pineda. La concejala de Hacienda explicó que el planteamiento es recuperar el IBI diferenciado “de forma muy moderada. Creemos que las razones que nos llevaron en 2020 a plantear el IBI diferenciado se mantienen, creemos que el IBI diferenciado es una fórmula que no debería de asustar a nadie; hay muchas ciudades españolas que lo tienen, casi todas las grandes”, citando entre ellas a varias gobernadas por PP o por Ciudadanos, como Córdoba, Málaga, Granada, Zaragoza y Oviedo, donde “se implantó el IBI diferenciado cuando gobernaba la izquierda, y el PP, aunque lo ha rebajado, lo mantiene al 0,90%”.
La aplicación de un IBI diferenciado del 0,55% supondría para el Ayuntamiento un aumento en su recaudación de 460.000 euros de un total de cerca de 2,5 millones de euros correspondiente a los incrementos en el conjunto de impuestos, tasas y precios públicos que se plantea en el proyecto de ordenanzas fiscales para el propio Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas municipales.
La senda de recuperación de esos ingresos para lograr el equilibrio presupuestario incluye el aumento del 5% en la tasa de basura, que supondrá alrededor de unos 3,60 euros más al año por familia. En Emtusa, el viaje en los autobuses urbanos pasará de 1,25 a 1,50 euros en el caso del billete sencillo y de 70 a 75 céntimos en el caso de que se pague con bonobús.
En cuanto a los abonos de Emtusa, los precios serán de 39,70 euros para el normal, de entre 174 y 186,50 euros para el semestral y de 310,80 para el anual. Para la empresa municipal también se establece el precio de alquiler de las futuras bicicletas eléctricas municipales, que será de 80 céntimos la primera media hora y la mitad de esa cuantía para los abonados, encareciéndose en los tramos horarios siguientes.
Respecto a la subida de la ORA, el precio por estacionar una hora en la zona azul pasará de 90 a 95 céntimo. Además se adecua su ordenanza fiscal a la Ordenanza de Movilidad estableciendo tasas para los otros tres sectores previstos junto al azul, para cuando se implanten: El naranja, exclusivo para residentes en el que se aplicará la tarifa de residentes; el verde, con un precio de 1,25 euros por hora y un máximo de dos horas de permanencia y el rojo, con un precio de 4 euros por hora de nueve de la mañana a una de la tarde y de 1,25 euros de una a ocho de la tarde.
La tarifa de la ORA para residentes será de 50 euros anuales, salvo para los vehículos con distintivo ambiental 0 o ECO, que la tendrán gratuita. No serán las únicas ventajas para estos vehículos menos contaminantes, que verán incrementadas sus bonificaciones en el impuesto de la viñeta, que pasará del 50% al 75% para los vehículos 0 emisiones y del 25% al 50% para los Eco.
Volviendo a la ORA, se establece una tarifa especial distrito 0, válida para todos los sectores verdes y azules y para los rojos a partir de la una de la tarde, en 100 euros anuales.
En cuanto a los aparcamientos de Peritos y el Albergue, la tarifa se plantea de 95 céntimos a la hora con un tope de cinco euros, mientras que se incrementan en cinco euros los abonos mensuales, quedando el diurno en 40 euros y el nocturno en 50. Otras tasas se incrementarán entre un 3% y un 4%, para cubrir el coste de los servicios, como son la tasa la Grúa, la de circulación de transportes especiales, la de servicios especiales y la de zonas de carga y descarga.
El precio del servicio de ayuda a domicilio pasará a ser de 19,49 euros la hora para adaptarse al nuevo contrato, que incluye más servicios y mejora en las retribuciones a las trabajadoras. En todo caso, el coste para el usuario no superará los 17,54 euros tras aplicar las escalas de porcentajes en función de los ingresos de la unidad familiar y los coeficientes reductores.
El proyecto de ordenanza prácticamente multiplica por cuatro el precio por el uso de la plaza de toros de El Bibio, que pasa de los 391 euros que ahora tiene su alquiler por un día a 1.498,65 euros. También se establece por primera vez un precio por el alquiler de El Molinón, que para un día sale a 14.907,28 euros el conjunto del estadio. Tanto en el caso de la plaza de toros como del Molinón, hay bonificaciones por su alquiler durante varios días y también se contempla el uso de sólo una parte de las instalaciones, con los precios correspondientes.
No todo son subidas en las modificaciones que plantea el gobierno local. Las bonificaciones por la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico que actualmente beneficiaban a chalés, se extienden en el proyecto de ordenanza a viviendas colectivas y a empresas. Esa bonificación alcanzará el 50% del IBI durante cinco años, con unos topes que van del 12% al 18% del coste de la instalación, según los casos. También se extiende a las instalaciones de energía eólica para el autoconsumo y de bombas de calor la bonificación de 95% en el Impuestos de Construcciones, Instalaciones y Obras que ya tenía la instalación de energía solar.
Los taxistas también verán rebajadas sus tasas, al suprimir la que tenían que abonar por revisión de vehículos y expedición del permiso municipal, sustituyéndose por una de 22,56 euros por la obtención del carnet profesional. No hay modificación de precios ni en la Fundación de Cultura ni en el Patronato Deportivo.
La primera reunión para negociar las ordenanzas con la oposición, la mantuvo ayer el gobierno local con el grupo municipal de Ciudadanos, cuyo portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, mostró al término de la misma su rechazo a la aplicación del IBI diferenciado, popularmente conocido como IBI para ricos, y a las subidas impositivas al considerarlas “sumamente perjudiciales para la reactivación económica de la ciudad”.
En opinión de Ciudadanos, el necesario ajuste de ingresos y gastos para poder sacar adelante el presupuesto municipal no debe efectuarse por la vía de incrementar la presión fiscal, sin no que “debe venir de la contención y racionalización del gasto y no de la subida impositiva”. Ciudadanos intentará hacer “aportaciones” al proyecto de ordenanzas fiscales a la vez que “como partido responsable y moderado, nosotros no cejaremos en nuestro empeño de evitar que las ordenanzas fiscales acaben siendo instrumentos al servicio del sectarismo en el que se ha instalado este gobierno, y no de los intereses de los gijoneses, que en estos momentos pasan por impulsar la recuperación económica y social de la ciudad”.
Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro Asturias, recalcó su rechazo al IBI diferenciado, que consideró “altamente peligroso” por perjudicar a las empresas, con lo que puede provocar desempleo y disuadir a inversores, opinó. Además, “anunciar subidas de impuestos sin mencionar a la vez qué se pretende cubrir con ellas es el mejor ejemplo de un gobierno confiscatorio”, agregó el líder de Foro. Martínez Salvador también defendió la gestión del gobierno local de Carmen Moriyón, afirmando que “mejoró los servicios públicos e incluso aumentó un 43% la inversión en política social bajando el IBI, el agua y congelando el resto de tasas y tributos” mientras que el actual gobierno local “sube sin rubor los impuestos para gastarlo en no sabemos qué”.
La concejala del PP Ángeles Fernández-Ahuja señaló que su partido “discrepa absolutamente de la propuesta fiscal presentada por el gobierno municipal para 2022, una propuesta fiscal que aboga por agravar la situación social y económica tanto de empresas como de familias, al contrario de la propuesta del PP, que aboga por bajar tributos y por tanto, por dinamizar la actividad económica y la creación de empleo en nuestra ciudad”. Vox también rechazó las subidas impositivas. “Creemos que no se deben subir los impuestos a los gijoneses, precisamente en estos momentos en que la mayoría de las familias lo están pasando tan mal para llegar a final de mes, porque lo que hay que hacer es reducir el gasto político ineficaz, así como las subvenciones a eventos y chiringuitos varios”, señaló el portavoz, Eladio de la Concha, para quien el IBI diferenciado es “una cortina de humo para distraer a la ciudadanía de que lo que van a subir es la tasa de basura, el billete de autobús y el precio de la ORA”.
En cuanto a la oposición de izquierdas, la portavoz municipal de Podemos-Equo señaló ayer que “el mayor esfuerzo fiscal lo tienen que hacer los que más tienen. En esta propuesta no vemos este principio de justicia fiscal”. La líder de la coalición de izquierdas insistió en esta idea de que “se está pidiendo a todas las personas hacer el mismo esfuerzo, cuando la situación no es, ni de lejos, igual para todas las personas. La pandemia ha perjudicado más a quienes ya tenían recursos más que justos para llegar a fin de mes”, apuntando que para Podemos-Equo es fundamental hablar de “una redistribución de la riqueza para hacer políticas públicas que ayuden de veras a quienes más lo necesitan”.
