Un juez gijonés ha autorizado a vacunar contra el covid-19 a un adolescente de 14 años pese al rechazo de uno de sus progenitores, su madre. El padre, que sí estaba a favor de inocularle las dosis pertinentes, no logró ponerse de acuerdo con el reticente, y la pareja decidió que la decisión se tomase judicialmente. Tanto el magistrado como la Fiscalía de Gijón se mostraron a favor de ceder el poder de decisión al progenitor que sí está a favor de la vacuna, porque entienden que la campaña masiva de protección y las autoridades sanitarias han demostrado ya la seguridad de las profilaxis.
Explica la Fiscalía que el afectado es un menor de edad de 14 años cuyos padres no lograban ponerse de acuerdo sobre si debería vacunarse o no, pese a que buena parte de su franja de edad lleva ya unas semanas protegida. El fiscal envió un informe al Juzgado de Primera Instancia número 9, a donde habían acudido estos padres, cada uno defendiendo su causa y pidiendo ser él quien tomase la decisión final en el ejercicio de su patria potestad. El magistrado, en su auto, concedió al padre, que está a favor de la vacuna, a ser quien decida qué hacer con el menor.
La Fiscalía consideraba que, ante el desacuerdo de ambos, debía prevalecer el deseo del progenitor a favor de la vacuna “atendiendo a las recomendaciones sanitarias y al propio interés del menor, incluido su entorno familiar y escolar”. En esta pelea judicial, la madre reticente señaló que “a día de hoy, no están claras las consecuencias que pudiera tener la vacuna para su salud (del adolescente)”, y que a su juicio lo mejor sería esperar y tomar una decisión “meditada y debatida” entre la pareja y el joven y no aplicarla “a la ligera”. “Lo que propuso no es tanto que no se vacune a su hijo, sino que se suspenda la vacunación a expensas de que se aclare si esta va a tener o no consecuencias negativas”, aclara Fiscalía, que, en cualquier caso, se posicionó en su contra: “El Ministerio Fiscal considera que las razones esgrimidas para suspender la vacunación carecen de toda justificación”. Entiende que “la indicación de la vacuna ha sido establecida por las autoridades sanitarias en beneficio de la sociedad y carece de fundamento el sostener que se desconoce el beneficio que proporciona su inoculación”. Por lo tanto, ahonda el fiscal, “pretender que se desautorice judicialmente el juicio científico de las autoridades sanitarias, que la considera segura y eficaz, carece de fundamento”, y pone de ejemplos otras vacunas, como las que protegen contra la rubeola, poliomielitis o sarampión, que hoy están perfectamente asentadas y avaladas. “La falta de colaboración para lograr estos objetivos de salud pública supone un verdadero desajuste en el ejercicio de la patria potestad, que interfiere de forma absolutamente injustificada en el beneficio e interés del menor”, sentencia Fiscalía.
