El Ayuntamiento de Gijón, al igual que el resto de los ayuntamientos españoles, tiene hasta el próximo 8 de mayo para adaptar su ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (la popular plusvalía ) al escenario real que generó la última sentencia del Tribunal Constitucional, a finales del año pasado. Ese es el plazo que se fijó en el real decreto con que, de manera excepcional y urgente, el gobierno de España solventó el grave problema que para el municipalismo español suponía la anulación por vía judicial de ese impuesto. Justo en pleno proceso de elaboración de nuevos presupuestos.
Y esa es la fecha que le recuerda al gobierno Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos (Cs), en una proposición plenaria que urge al gobierno de Ana González a ponerse manos a la obra ya para cumplir con un plazo y poder conseguir así, explica el edil, “una seguridad jurídica que ahora mismo no está del todo clara” y, por otro, “evitar que mientras tanto se apliquen los topes máximos fijados por la normativa vigente”. De hecho, para conseguir ese segundo objetivo la propuesta de la formación naranja en Gijón incluye un segundo apartado donde se establece que los coeficientes que se vayan a fijar en ese proceso de adaptación deben garantizar que “en ningún caso se va a pagar más que con la regulación anterior de este tributo”.
Cierto es que el real decreto no obliga a bajar esos coeficientes que ahora se aplican, los máximos, y cierto es también que no deja claro que consecuencias tendría para los ayuntamientos no hacer esa adaptación en tiempo y forma.
La adaptación es una imposición legal pero Cs quiere aprovecharla para algo más. La obligación de modificar la ordenanza fiscal sobre plusvalía le parece a Rubén Pérez Carcedo el momento idóneo para incorporar una bonificación del 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones “causa mortis”. Algo que supondría de hecho la desaparición de ese pago en el caso de herencias familiares.
El planteamiento de Pérez Carcedo es que la bonificación se extienda a todo tipo de inmuebles, no solo a la vivienda habitual como ahora, y que la rebaja sea del 95% independientemente del piso o local que se herede. Ahora mismo en Gijón hay una bonificación en la transmisión de la vivienda habitual en caso de muerte y cuando la herencia va descendientes, ascendientes, cónyuges o parejas de hecho del 95% para viviendas con valor catastral inferior o igual 47.500 euros, del 75% entre 47.500 y 66.000 y del 50% por encima de 66.000.
“La plusvalía, sobre todo en estos casos de herencia, es un impuesto obsoleto, redundante e injusto”, sentencia Pérez Carcedo. En su opinión obsoleto en cuanto grava de igual forma a todos los herederos independientemente de su situación económica, al margen de la justicia social ya que penaliza el esfuerzo que una persona ha hecho a lo largo de su vida y que es su legado a la familia y redundante al existir el impuesto de sucesiones. “Se puede dar el caso de que uno sea considerado lo suficientemente pobre para no tener que pagar el impuesto de sucesiones pero la plusvalía se paga en todos los casos”, ejemplificó.
Ciudadanos siempre ha reivindicado cambiar la plusvalía. El hecho de que la modificación de las ordenanzas de 2022, que el gobierno local sacó adelante tras un pacto con Cs, no afectara a la plusvalía impidió incorporar ese elemento a la negociación.
