Al calor de los fondos europeos, la transformación digital de la Administración de Justicia en España vive un momento clave a ojos de Rafael Massieu Curbelo, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas y presidente de la comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Consejo General de la Abogacía de España que ayer participó en la inauguración de las V Jornadas sobre Nuevas Tecnologías en el Gobierno y Gestión de los Colegios de la Abogacía organizado por los letrados gijoneses en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro.
–¿En qué momento está la transformación de la Justicia?
–Estamos en un punto verdaderamente crucial. Hay tres proyectos de leyes de eficiencia, que es la procesal, la organizativa y la digital. Supondría un cambio transformador absolutamente de lo que es la administración de Justicia, que se viene aplicando prácticamente como en el siglo XIX y nos incorporaríamos al siglo XXI. Desde que se 1904 se incorporó la máquina de escribir a los juzgados creo que sería el cambio cualitativo más importante.
–¿Más que los ordenadores?
–Más que eso incluso.
–Primero fue el programa Lexnet, y llegan el Acceda, el Inside…
–Estos programas afectan más a los colegios de la abogacía que a los colegiados. Permitirá cumplir con las exigencias de las nuevas normativas que requieren que las comunicaciones entre las administraciones y los colegios, cuando remiten el expediente administrativo a los juzgados se puedan hacer cumpliendo los esquemas nacionales de seguridad. Será un paso importante, pero sin aplicación práctica a nivel de los colegiados.
–Uno de los problemas son los medios de comunicación entre Juzgados por sistemas incompatibles entre comunidades.
–Como consecuencia de la organización territorial del Estado de las autonomías, cada comunidad con las competencias transferidas tiene su propio sistema de gestión. De alguna manera es una especie de torre de babel. Se hace preciso que la comunicación para la transmisión de datos, informes, expedientes… entre el Estado y las administraciones autonómicas, entre éstas y los órganos judiciales, y entre los juzgados y los profesionales tenga una traducción simultánea de los sistemas de gestión de tal forma que todos se entiendan entre sí y que cualquier persona puede utilizar el sistema propio de su comunidad y comunicarse con otra diferente. Está contemplando como una obligación en la ley de eficiencia digital, y se deberán desarrollar las herramientas que permitan esta comunicación que se conoce como la interoperabilidad.
–Uno de los problemas colaterales de esos retrasos que se generan es que perjudica la imagen de la ciudadanía sobre la Justicia.
–No creo que la Justicia esté mal valorada, pero es cierto que, como se dice, si es lenta no es justicia. Y en determinados órganos judiciales la lentitud es inaceptable por excesiva. En general es lenta, por eso esas leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital pretenden agilizar la administración de Justicia. Y la incorporación de las nuevas tecnologías en particular será importante a estos efectos. En la propia ley se tiene como una política del actual Ministerio que los ciudadanos puedan acceder a la Justicia.
–¿Cómo?
–Que puedan conocer el estado de tramitación de sus expedientes, el expediente judicial electrónico en el que son parte a través de una herramienta que se llama carpeta judicial y que estará en la sede judicial a disposición de todos los ciudadanos.
–¿Les tocará a los abogados jugar un papel clave?
–Tenemos vocación de ser líderes en la transformación digital de la Justicia, acompañando al Ministerio, que ahora mismo tiene de director general de Transformación Digital a Aitor Cubo, una persona entusiasta de esta transformación. Nosotros tenemos reuniones periódicas, colaborando con ellos para que se nos escuche y sea en beneficio de todos.
–¿Lo ven factible a corto plazo?
–Hacen falta grandes recursos financieros y, afortunadamente, ahora disponemos de ellos gracias a los fondos europeos. Pero nos damos cuenta de lo avanzada que está la legislatura y tememos que no salgan las tres leyes de eficiencia. Sería una lástima que no ocurriera, pero el director general nos asegura que en septiembre se ponga en marcha este proyecto de ley.
–El colegio de la abogacía de Gijón lleva años apostando por estas jornadas.
–Es la quinta edición, que se tuvo que interrumpir por el covid, pero se han retomado con el entusiasmo propio del decano del Colegio, Benigno Villarejo, y es un referente en temas tecnológicos a nivel nacional.
–¿Se renovará el Consejo General del Poder Judicial en algún momento?
–Es una anormalidad democrática que llevemos tres años y medio prorrogando los cargos. No tiene sentido y está generando graves problemas porque no se pueden nombrar determinados cargos. Por citar un ejemplo, la sala del Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo pasa verdaderos apuros por la avalancha de trabajo que existen. Espero y confío que se haga pronto, y con la renovación que se ha producido en el Partido Popular espero que se alcance un acuerdo lo antes posible.
