Los dos acusados de haber secuestrado a un gijonés en marzo de 2020, y por el que pedían un rescate de cinco millones de euros, afrontan una condena de 11 y 12 años cada uno, tal y como pide Fiscalía, que acaba de presentar sus conclusiones ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón.

Sostiene el Ministerio Fiscal que sobre las 11:40 horas del día 5 de marzo de 2020 la víctima "llegó en su vehículo a la nave de la empresa en la que trabajaba, dedicada al alquiler de autocaravanas, en el Polígono de Pervera, en Carreño". Señala que hacia las 12:30 accedieron a la misma los procesados, nacidos en 1969 y 1982, respectivamente y "que iban encapuchados", así como que "sacaron sendas pistolas, cuyas características no constan". Tras confirmar que la víctima era hermano de otro gijonés, propietario de la empresa, le emplazaron a que les acompañase. La víctima "se resistió", pero le pusieron "unas esposas en los tobillos y en las muñecas, sujetándole los brazos a la espalda, y tras abrir el portón de la nave, introdujeron en ella un vehículo BMW, modelo X6" con una matrícula falsa "y se unieron a otro coche, un Dodge Nitro, que a partir de ese momento circuló unos kilómetros por delante del BMW con el fin de alertar de la posible presencia de controles policiales".

Prosigue el relato de hechos la Fiscalía explicando que los dos coches, con el secuestrado, "llegaron a una nave en el Polígono de Massanassa, Valencia, donde les esperaba una tercera persona no identificada, que estaba de acuerdo con los procesados y ocultaba su rostro con un pasamontañas". En esa nave dejaron al gijonés "sujeto a una escalera por uno de los grilletes que le habían colocado en los tobillos, y que después sustituyeron por una cadena, y allí le mantuvieron contra su voluntad, permanentemente vigilado por dos de ellos, hasta el día 10 de marzo". "Ese día", añade Fiscalía, "ante la presión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, le comunicaron que iba a ser liberado", pero "fue amenazado repetidamente" por uno de los acusados, que le amenazó "con matarle a él y su familia si contaba algo o hablaba con la Policía", lo que provocó a la víctima "un temor tan intenso que le llevó a ocultar determinadas circunstancias relevantes en su primera declaración prestada ante la Guardia Civil tras ser puesto en libertad". Tras darle 150 euros para que pudiera coger un autobús de vuelta a su casa, "le pusieron unas bridas en las muñecas y en los tobillos y le introdujeron en el vehículo Dodge, en el que se trasladaron hasta el lugar donde le dejaron en libertad, en las proximidades de la localidad de Caudete, Albacete, sin haber conseguido su propósito de obtener una elevada suma por su rescate".

Antes de liberar al gijonés, su hermano compró un móvil con un dispositivo de mensajería cifrada para contactar con los secuestradores. A través de este canal le comunicaron el 7 de marzo el citado rescate de cinco millones, con una fecha de entrega de cuatro días. Le mandaron al hermano dos fotografías del secuestrado encadenado en la nave como prueba de vida. Habían acordado quedar el día 11 para pagar el rescate, pero la víctima fue liberada antes.

Uno de los acusados fue detenido en la mañana del 22 de agosto mientras circulaba por la autovía A-3. En su vehículo se localizó un compartimento oculto en el maletero donde guardaba tres pares de placas de matrículas, un juego de grilletes metálicos, un paquete de bridas, cinco teléfonos, guantes, pasamontañas, gorras, gafas de sol y las llaves de un turismo BMW.

La víctima sufrió lesiones en las muñecas por las esposas y en los hombros por la postura que le obligaron a tener mientras estaba retenido. Sufre un trastorno de estrés postraumático que afecta moderadamente a su estado de ánimo, con episodios frecuentes de ansiedad. La Fiscalía considera que los hechos constituyen delitos de secuestro, de falsedad en documento oficial, amenazas y lesiones. Por el secuestro y por las lesiones solicita 9 años para cada acusado. Para uno de ellos pide otros cinco por lesiones y amenazas y para el segundo pide otros dos por falsificar documentos oficiales. Esto es, 14 y 11 años de cárcel para cada acusado, respectivamente. También se solicita una indemnización de 1.600 euros por las lesiones y 5.000 euros por daños morales, más los intereses legales correspondientes.