«Me dio unos 1.500 euros para gastos de un piso en la calle Colombia», aseguró esta mañana D.S.C., la mujer colombiana acusada de una presunta estafa a J.R.G.S. –un gijonés 30 años mayor que ella y casado con otra mujer– al que le habría sacado más de 8.000 euros demostrables para abortar un embarazo fingido tras mantener relaciones sexuales de forma esporádica sin preservativo. «En ningún momento dije que estaba embarazada», subrayó esta mañana la acusada a preguntas de la Fiscalía, durante el juicio celebrado en la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón.
Por su parte, J.R.G.S. declaró que la acusada habría realizado varias pruebas médicas tras las cuales ella le aseguró «que estaba embarazada de cinco meses». Sin embargo, el gijonés reconoció que en ningún momento le pidió, y tampoco ella se las entregó, las facturas clínicas de los tratamientos a los que supuestamente se habría sometido. «Primero me pidió 3.000 euros y luego otros 3.000 para abortar. Le habré dado unos 20.000 euros en total», lamentó el gijonés durante la vista.
La acusada, de 41 años, y la supuesta víctima, de 70, habrían entablado una relación de amistad en 2013. Fue en 2016, tras mantener varias relaciones sexuales esporádicas, cuando ella le señaló que estaba embarazada de él y que debía costearle los gastos de la interrupción del embarazo. De esta forma consiguió que el hombre le entregase, entre enero y febrero de 2016, hasta 8.000 euros para sufragar la intervención quirúrgica en una clínica de Madrid y supuestas complicaciones que dijo haber sufrido.
Cuando el hombre se negó a abonar más dinero, la colombiana comenzó a presentarse en el portal de su casa y a dejarle notas manuscritas, insistiendo en que tenía que pagar las deudas supuestamente contraídas con la clínica. Esta actitud cesó cuando el hombre, tras comunicarle la situación a su esposa, presentó una denuncia ante la Policía. "Nunca llegué a tocar al timbre porque tengo principios", recalcó la mujer, quien reconoció durante el juicio haber acudido al domicilio de la víctima hasta en tres ocasiones para dejarle dichas notas. "Le daba dinero para ayudarla a pagar la luz, el gas, el colegio de los niños y más gastos", admitió el hombre, quien sufre una discapacidad del sesenta por ciento: "Fui sacando poco a poco y le daba el dinero en efectivo, pero nunca me lo devolvió".
La acusada, D.S.C., se enfrenta a sendos delitos de estafa y de coacciones leves, por los que la Fiscalía solicita una pena de prisión de dos años e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. También plantea que esta pena sea sustituida por su expulsión del territorio español durante seis años. Por el delito leve de coacciones el Ministerio Fiscal pide que se imponga a la mujer una multa de dos meses con una cuota diría de diez euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Además de esas sanciones y el abono de la responsabilidad civil de 8.300 euros, también piden que la supuesta estafadora pague las costas procesales.
