El incremento de la presión fiscal que muchos gijoneses se tendrán que echar a la espalda en esta segunda primavera del covid por la falta de actualización de los valores catastrales deja una importante pregunta en el aire. ¿Por qué el Ayuntamiento no pidió al Estado esa revisión, cuando tiene potestad para ello? Quizás el gobierno local pensó que el remedio sería peor que la enfermedad porque solicitar ese proceso implicaría un aumento generalizado debido a que hace unos años se ejecutó una bajada lineal ante el profundo desajuste en los precios derivado de la crisis inmobiliaria. Pero no son pocos los expertos que opinan lo contrario. Según esta segunda teoría, podríamos estar ante una recaudación por la puerta de atrás que también supone pingües ingresos para las arcas municipales, vía IBI y plusvalías. Alguien con mando en plaza debe explicarlo.
