En la respuesta a la brutal invasión rusa de Ucrania, que ayer subió otro peldaño con el bombardeo de las localidades donde estaba previsto crear los frustrados corredores humanitarios, tienen vital importancia las medidas de castigo económico, pero también las simbólicas. En el primer apartado se enmarca, por ejemplo, la renuncia de ArcelorMittal a seguir trayendo carbón procedente del país agresor para su factoría de Veriña. Y, en el segundo, la expulsión de atletas paralímpicos de los Juegos de Pekín. O la propuesta de romper los lazos de hermandad de Gijón con Novorossiysk, para nada descabellada. Porque, aunque es cierto que resulta injusto hacer responsables a los pueblos de las obras de sus gobernantes (dicho con matices), cabría preguntarse qué opinan de las atrocidades de Putin las autoridades de esa ciudad, con base naval en el Mar Negro y a tiro de piedra de Crimea. La respuesta puede ser sobrecogedora.
