El segundo varapalo al Ayuntamiento a cuenta del “cascayu” deja maltrecha la llamada “política de pacificación del tráfico” que inició el gobierno local en el Muro durante el segundo trimestre de 2020. El auto judicial del jueves, en base a una sentencia de hace mes y medio adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, obliga a devolverle al paseo el doble sentido de circulación en cuanto la asociación demandante Stop Muro presente un aval de casi 48.000 euros. La jueza considera que la semipeatonalización del eje marítimo vulneró el planeamiento urbanístico, no era imprescindible para paliar los contagios por coronavirus en el momento inicial de la pandemia y tampoco respondió a una situación provisional, como argumentó el Consistorio. Aun sabiendo que los servicios jurídicos municipales han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que tardará meses en resolverse, ya se pueden extraer tres lecciones de este conflicto, que ha protagonizado el mandato: en la ordenación del espacio público no cabe la improvisación, el diálogo siempre es aconsejable antes de la toma de decisiones y cualquier actuación en el Muro exige un elevado consenso social por ser un emblema de todos los gijoneses.

El primer y principal problema del “cascayu” está en su origen. De la noche a la mañana, con el regreso de los peatones a la calle tras el confinamiento, el gobierno local decidió eliminar el tráfico en tres de los cuatro carriles del Muro. Fue una medida que se vendió como provisional y que la inmensa mayoría de la ciudadanía aceptó, incluso con entusiasmo, por el contexto. Pasado el tiempo, aquellas restricciones que a todas luces contravenían el plan urbanístico del paseo, que obliga expresamente al doble sentido de circulación, se consolidaron. Dos de los carriles se pintaron con cuadros azules y verdes, también sin previo aviso. Y estalló la polémica.

Esa sensación de arbitrariedad enraizó en una parte de la sociedad gijonesa y acabó generando un movimiento ciudadano y político de oposición a las decisiones que se estaban tomando en el Muro. Ahora, la Justicia ha hablado y a los responsables municipales les toca abrir un período de reflexión. Más aún teniendo en cuenta que el anteproyecto de reforma definitiva que presentó el Ayuntamiento recientemente, con obras previstas para finales de año, ha logrado suscitar numerosos apoyos en colectivos sociales y profesionales. ¿Qué habría pasado si todo este proceso se hubiera iniciado así, con pausa y diálogo? Ya es tarde para saberlo.