Hay reflexiones difíciles de abordar. Cuando conocemos noticias tan atroces como la que nos sobrecogió el pasado fin de semana, es inevitable preguntarse cómo pudo llegarse a una situación tan extrema. Obvia, y lamentablemente, de este tipo de crímenes solo son responsables sus autores, pues cuando cualquier persona toma la decisión de acabar con la vida de otro, máxime cuando hablamos de hacerlo con sus propios hijos, no existe reproche penal que ponga freno a tan abominable determinación.
No pretende esta columna responsabilizar, ni siquiera enjuiciar, a quienes han tenido algún papel en el periplo judicial de esta familia en los últimos años. Ni jueces, ni fiscales ni abogados ni especialistas psicosociales tienen la culpa de lo que, presuntamente, ha hecho esta madre. Pero es obligada la reflexión acerca de la operatividad de la justicia en situaciones de conflicto familiar. No ya porque pensemos, reiteramos, que todos los crímenes se puedan evitar: cuando a alguien no le importa asesinar a quienes estamos programados naturalmente para querer y proteger , nada podrá detenerle; sino porque sí puede evitarse, o cuánto menos, deberíamos intentar evitar, la posibilidad de que las ruptura de pareja se conviertan en un campo de batalla en el que los principales perjudicados, y en gran medida, son siempre los menores. No acabamos de comprender cómo, tras cuarenta años de vigencia del divorcio en España, no exista una ley que recoja y regule las cuestiones que, se sabe, son aprovechadas por las partes que no han sabido gestionar sus emociones para materializar en forma de conflicto judicial sus heridas emocionales. No es de recibo, si partimos de la escasez de medios con los que cuenta nuestra justicia, que se colapsen juzgados con cuestiones tales como desacuerdos entre padres y madres por la fecha de intercambio de las vacaciones, la discusión sobre lo que se incluye o no en la pensión de alimentos, o sobre quién tiene derecho a decidir qué cosa.
Ni es de recibo que a día de hoy, cuando se conoce sobradamente cuáles son los motivos de conflicto, así como las conductas de irresponsabilidad al alterar las relaciones de los menores con el otro progenitor –la casuística es inapelable– no exista una ley que ilustre a los padres y madres sobre lo qué pueden y qué no pueden hacer o que establezca consecuencias tipificadas para los supuestos de incumplimientos de los deberes de custodia. Hace falta una ley que regule, en beneficio de los menores, lo que implica la custodia y la manera en que ésta debe ejercerse para recordarnos que nuestros hijos e hijas no son una posesión, sino una responsabilidad. Hay finales que, desgraciadamente, no podremos evitar. Pero es obligado que trabajemos para proteger a quienes nunca deben ser víctimas de nuestras guerras. Seguramente el problema esté en que vemos como una guerra lo que, habiendo hijos, debería ser una colaboración.
