Desde hace tiempo, la atención al cliente del sector bancario se ha deteriorado por una reducción de personal tras implantar nuevas tecnologías (perjudicando especialmente a personas mayores) y un cobro desmesurado de comisiones por sus servicios básicos.
Fruto de este codicioso frenesí, el enorme beneficio logrado por las entidades bancarias ha motivado la instauración de un impuesto específico por el Gobierno central; aunque, posiblemente, este gravamen pueda terminar repercutiendo sobre el cliente. Me explico:
En primer lugar, los beneficios de los grandes bancos entre enero–septiembre del 2021 superaron hasta un 46% los propios de idéntico período del 2020; lo cual resulta particularmente inaceptable cuando se padece una crisis económica que bordea la recesión, con escalada del ICV (Índice del Coste de Vida) por la pandemia del covid y la guerra de Ucrania.
En segundo lugar, el proyecto de Ley de este impuesto está en trámite parlamentario y contempla aplicar un gravamen del 4,8% a partir de 800.000.000€sobre el "beneficio bancario", expresado por el diferencial entre lo pagado por cada entidad y lo cobrado por intereses o comisiones; pretendiéndose recaudar unos 1.500.000.000€anuales por el Gobierno durante el período 2022/23.
En tercer lugar, la reacción del sector bancario a esta iniciativa gubernamental ha sido de oposición frontal, contando con el apoyo del Banco Central Europeo (BCE); quien pide al Gobierno demorarlo hasta efectuar un minucioso estudio de sus consecuencias sobre el cliente, especialmente ante la concesión de créditos.
Finalmente, la respuesta al BCE de la vicepresidenta económica del Gobierno central (Nadia Calviño) ha sido manifestar que ya se habían previsto dichas observaciones al diseñar este impuesto y que se contemplan varias mejoras en su trámite parlamentario, reiterando que el Gobierno persistirá en aprobarlo.
Dicho lo cual, pienso que la postura del BCE es realista porque, aunque este impuesto aun no esté en vigor, el sector bancario ya acribilla al cliente con sus gastos de gestión:
En mi propia experiencia, nos cobra 0,75€ por domiciliar un recibo o 3 por imprimir un saldo bancario; llegando a imponer tarifas abusivas por transferencias entre cuentas del mismo banco (6) o de bancos distintos (40) y fomentar cierta banca "on line" que resulta inaccesible a clientes con edad avanzada; mientras los depósitos bancarios dan una rentabilidad mínima o, incluso, casi despreciable.
En definitiva, este impuesto podrá estar justificado para reducir el enorme superávit de la banca (en tiempos de crisis económica) si no repercute sobre el propio cliente. Consiguientemente, medidas de este tipo pueden ser más electoralistas (para preservar las expectativas de voto del Gobierno) que eficaces (para favorecer al cliente) si, tras su aplicación, las entidades bancarias mantienen o, incluso, aumentan sus beneficios.
