La llegada de Donald Trump a la presidencia de EE UU ha relanzado las colonias judías ilegales en Jerusalén Oriental y Cisjordania. El Gobierno israelí aprobó ayer 2.500 nuevas viviendas en la Cisjordania ocupada, después de que el domingo diese el visto bueno a otras 566 en Jerusalén oriental. "Estamos construyendo y seguiremos construyendo", manifestó el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, cuyo principal punto de choque con el predecesor de Trump, Barack Obama, fueron precisamente los asentamientos ilegales, impulsados tanto por negocio como por la voluntad de hacer imposible un Estado palestino. "Volvemos a una vida normal en Judea y Samaria (nombre bíblico para Cisjordania)", declaró el titular de Defensa, el ultra Avigdor Lieberman, integrado en la amplia coalición derechista que sustenta a Netanyahu.

En EE UU, Trump siguió con la habitual vorágine de órdenes ejecutivas (decretos) propia de los inicios de mandato. Ayer le tocó el turno al petróleo y a los automóviles. Trump firmó un decreto para la construcción de los polémicos oleoductos Keystone XL y Dakota Access, paralizados por Obama por su elevado impacto ecológico. El primero está destinado a transportar desde Alberta (Canadá) al golfo de México 830.000 barriles diarios de crudo sintético y bituminoso, obtenido por "fracking". El segundo llevaría 500.000 barriles de petróleo bituminoso desde Dakota Norte a una refinería ya levantada en Illinois. La extracción del petróleo de arenas bituminosas lanza a la atmósfera un 17% más de gases con efecto invernadero que el petróleo convencional. El Dakota Access, además, cuenta con la oposición de la tribu Standing Rock, ya que contamina sus tierras y el río Misuri, del que depende su modo de vida.

En paralelo, Trump y los directivos de los tres grandes fabricantes de automóviles del país -General Motors, Ford y Fiat Chrysler- hicieron las paces, al apoyar los constructores la oposición del magnate a la deslocalización de parte de su producción a cambio de promesas de desregulación. Sigue en el aire la amenaza de aranceles del 35% a los coches fabricados por estas firmas en México.