El Reino Unido estudia usar brazaletes electrónicos para controlar a los inmigrantes irregulares

El Gobierno del Reino Unido está estudiando utilizar brazaletes electrónicos para controlar el paradero de los inmigrantes que lleguen de forma irregular al país. Una medida que podría poner en marcha en los próximos meses y que se enmcarca en la polémica ley de Inmigración Ilegal, aprobada por el Parlamento el pasado julio, y que prevé la detención y deportación de todas las personas sin la documentación en regla. El Gobierno está esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los planes de deportar migrantes a Ruanda para implementar la nueva ley, algo que ocurrirá previsiblemente en octubre.

La ministra del Interior, Suella Braverman, ha asegurado que el Ejecutivo está estudiando “todas las opciones” para evitar que los solicitantes de asilo desaparezcan del radar de las autoridades. Una de las principales prioridades es ampliar la capacidad de los centros de detención, que actualmente ronda las 2.500 plazas, una cifra muy inferior al número de inmigrantes que están esperando una respuesta a su solicitud de asilo, que según los últimos datos superó las 175.000 personas a finales de junio. El uso de brazaletes se presenta como una posible solución a la escasa capacidad de los centros de detención.

Trabas legales

Además de esta medida, el Ministerio del Interior también ha planteado la posibilidad de retirar el apoyo económico a los migrantes que no se presenten de forma regular ante las autoridades, aunque esta solución sería previsiblemente discutida ante los tribunales por el riesgo de que los solicitantes de asilo acaben en la indigencia. Además de las posibles trabas legales, el uso de brazaletes también ha planteado dudas sobre la capacidad logística y económica de Downing Street para ponerla en práctica.

“El uso de brazaletes supone tratar a las personas como objetos y no como hombres, mujeres y niños vulnerables en busca de seguridad”.

Enver Salomon

— Director ejecutivo del Consejo para los Refugiados

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado con dureza los planes del Ejecutivo. “[El uso de brazaletes] supone tratar a las personas como objetos y no como hombres, mujeres y niños vulnerables en busca de seguridad. Deben ser tratados con compasión y humanidad”, ha dicho el director ejecutivo del Consejo para los Refugiados, Enver Salomon, al diario ‘The Times’. Otras organizaciones como Privacy International han alertado del enorme estigma asociado al uso de estos brazaletes y a los impedimentos que supone en la realización de tareas cotidianas.

Llegadas irregulares

La medida forma parte de los planes del primer ministro, Rishi Sunak, de reducir el número de llegadas irregulares a través del canal de la Mancha. Unas llegadas que alcanzaron su cifra más alta el año pasado, con 45.756 personas, y que rozan las 20.000 en lo que llevamos de año. El objetivo del Gobierno es provocar un efecto disuasorio y acabar con la llegada de pequeñas embarcaciones –que se ha disparado en los últimos años– con la implementación de medidas polémicas como el uso de barcazas para alojar a migrantes y las deportaciones a Ruanda.

El Ejecutivo sostiene que estas medidas ayudarán a reducir el gasto destinado a alojar y apoyar a los solicitantes de asilo, que superó los 4.000 millones de euros en 2022. Pero por ahora el número de solicitudes no ha parado de crecer, a pesar de los refuerzos del personal encargado de su tramitación y del aumento en el número de solicitudes mensuales tramitadas por cada funcionario. Sunak confía en que el Tribunal Supremo dé luz verde a la deportación de migrantes a Ruanda para reducir cuanto antes las llegadas a través del canal de la Mancha y recuperar la confianza de los votantes más acérrimos del Brexit, desencantados con las promesas incumplidas de los gobiernos conservadores. 

La ministra Braverman ha dicho que el Ejecutivo hará “todo lo que sea necesario” para sacar adelante sus planes y ha evitado descartar la salida del Reino Unido del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que impide a los países signatarios deportar a solicitantes de asilo a países en los que sus derechos no estén garantizados. Este es, por ahora, el caso de Ruanda, según la justicia británica.