El Principado nació como Administración autonómica en los años ochenta, hace menos de cuarenta años, con una plantilla de unos 4.000 trabajadores, en su mayoría personal de formación administrativa, cuya misión era solventar el día a día de las consejerías que asumieron las primeras transferencias. La posterior incorporación de los principales servicios públicos, como la sanidad, la educación y la atención a mayores ha convertido aquel embrión, creado al calor del Estado de las Autonomías, en la mayor empresa de Asturias hoy, con cerca de 44.000 empleados, un colectivo muy heterogéneo en los que ya hay más personal sanitario y profesores que administrativos.
En poco más de veinte años, la Administración regional ha pasado de tener el volumen equivalente a la población de Vegadeo al de los concejos de Langreo y Salas, juntos. Y el aumento del tamaño lleva parejo el coste en nóminas. Antes del grueso de las transferencias, en el año 2000, el Principado destinaba al pago de su personal, 169,4 millones de euros, equivalentes a algo más de 28.185 millones de pesetas con las que se pagaban por entonces los sueldos, mientras que en 2021 el capítulo 1, el del pago del personal público, consume 1.909 millones de euros del Presupuesto autonómico, una cifra que trasladada a la moneda vigente dos décadas atrás, para completar la comparación, supone más de 317.000 millones de pesetas.
Lógicamente, el aumento del personal que presta los servicios públicos en Asturias se ha visto compensado con el aumento de ingresos procedentes del Estado a través del sistema de financiación autonómica, pero según advertía la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, esta misma semana en el Parlamento asturiano, cada año hay “más distancia” entre el coste de esa prestación y los ingresos que perciben Asturias y el resto de autonomías. De ahí que urja la revisión del sistema, pero esa es otra historia, aún por negociarse y concretar.
El incremento en los costes de personal está ya cerca de tocar techo en Asturias, como ha reconocido el vicepresidente y consejero de Administración Pública, Juan Cofiño, “hombre fuerte” del Gobierno regional al que Adrián Barbón ha encomendado una compleja misión: modernizar la Administración asturiana para adaptarla a las necesidades de la sociedad del siglo XXI.
El portavoz adjunto del PP, Pablo González, ha puesto el dedo en la llaga en la Junta General al plantear que el Principado está en la obligación de “acotar este gasto” para que la Administración autonómica no resulte insostenible en una comunidad en la que cada vez hay más población jubilada pero también menos población activa. Y el vicepresidente Cofiño, fiel a su estilo, no se anduvo con paños calientes al confirmar que el gasto del Principado “no podrá crecer mucho más” y que toca reordenar la estructura de la plantilla: “Unos servicios se crearán y otros desaparecerán”, afirmó en sede parlamentaria.
El test de estrés de la pandemia
La tarea encargada al vicepresidente es reconocida como titánica incluso por la oposición más crítica con el Ejecutivo de Barbón. Configurar una Administración adaptada a las necesidades del siglo XXI, marcada por el impacto e influencia de las nuevas tecnologías, y que sea capaz de blindar el Estado del bienestar, sometido a un test de estrés sin precedentes en la pandemia del coronavirus en sus pilares fundamentales (sanidad y educación). Todo ello dentro de unas cifras que la hagan viable es el desafío al que se enfrenta no solo el Gobierno autonómico, sino Asturias como comunidad autónoma.
Aunque la contención del gasto público en aras a lograr esa sostenibilidad es una reivindicación repetida y habitual de la patronal asturiana cada vez que como agente social se le pide valoración y análisis del escenario económico del Principado, la realidad de la pandemia obligó a contratar 4.000 empleados públicos más, con destino a los ámbitos más sacudidos por el coronavirus. Pese a que lo peor de la pandemia parece haber pasado, en 2022 habrá que mantener parte de ese esfuerzo adicional. Al menos esta es la previsión que maneja el Gobierno autonómico, inmerso estos días en el ajuste fino de las cuentas del próximo año, donde las nóminas públicas se acercarán un poco más a la barrera de los 2.000 millones de euros en un territorio que al mismo tiempo camina, inexorablemente, a bajar de ese listón psicológico del millón de habitantes, que había superado en la década del “baby boom”, entre 1960 y 1970.
De esta generación es José Luis González, uno de los primeros 4.000 funcionarios que sacó su oposición cuando el Principado daba sus primeros pasos. Su trayectoria laboral ejemplifica en buena medida el devenir socioeconómico de Asturias en los últimos treinta años. Trabajaba en una empresa auxiliar de montajes, pero la siderurgia asturiana enfilaba su primera gran reconversión y dar el paso de la empresa privada a un naciente sector público autonómico se presentó como la mejor opción de encontrar la estabilidad necesaria para poder encaminar su proyecto de vida. “Preparé las oposiciones y me presenté a las de auxiliar administrativo porque era donde salían más plazas y se necesitaba más personal”, comenta este funcionario autonómico que, vía promoción interna, ha ido escalando de categoría, previa superación de exámenes y acreditando la titulación exigida. Dio aquel paso en una Asturias en la que por entonces las grandes empresas motor de la región estaban en la minería, Hunosa, y la siderurgia, con la antigua Ensidesa.
De la máquina de escribir a “los telecos”
Era la de los inicios una Administración tan distinta a la actual que una de las pruebas imprescindibles para lograr plaza pasaba por dar, al menos, 250 pulsaciones por minuto en la máquina de escribir. Hoy el panorama ha cambiado tanto que la reforma de la plantilla que prepara el Gobierno autonómico para el próximo año prevé la supresión del cuerpo de auxiliares administrativos, con el consiguiente quebradero de cabeza para un millar de trabajadores que ven así muy limitadas, sus posibilidades de promoción interna. Aquella máquina de escribir, con papel calcante como utensilio necesario para realizar las copias, dio paso a los “floppys” de disco y a aquellas primeras pantallas de ordenador con las letras primero en color verde y luego en naranja. La reforma en marcha del Principado corregirá la anomalía que suponía no contar en pleno 2021 con un cuerpo autonómico de ingenieros informáticos, que hasta ahora era personal laboral. También entrarán el organigrama autonómico, por primera vez, ingenieros en telecomunicaciones, los llamados “telecos” por imperativo de la revolución de las nuevas tecnologías y de una Administración que tiene entre sus objetivos la sustitución del papeleo y de la gestión presencial por la tramitación vía telemática, una herramienta cuyo uso también ha crecido de manera significativa con la pandemia. Entre las asignaturas pendientes, la plantilla todavía aguarda la regulación del teletrabajo, pactada en mayo por la dirección general de Función Pública con sindicatos, pero a la espera de concreción formal jurídica.
Sanidad, educación y justicia impulsaron la presencia femenina en el personal autonómico
La generación de José Luis González, la de los jóvenes que estrenaron las oficinas del edificio inteligente del Principado en Llamaquique, enfila sus últimos años en activo. En los próximos diez años, el holding autonómico prevé la jubilación de más de 13.000 de sus trabajadores, de los que casi tres mil son del ámbito de las consejerías, unos siete mil sanitarios y cerca de otros tres mil docentes. Un relevo, sobre todo el localizado en las consejerías y los organismos, que abre “una ventana de oportunidad”, según ha dicho el vicepresidente del Gobierno asturiano, para adaptar la plantilla del Principado a las nuevas demandas de la sociedad.
La sostenibilidad de la Administración autonómica es motivo de preocupación recurrente para la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que relaciona en cada ejercicio presupuestario “el elevado gasto estructural” del Principado con “una economía productiva regional débil” que, en términos de riqueza aún se mueve en los parámetros de 2008, antes de la gran recesión.
La patronal ve en el repunte sostenido y constante del gasto público en Asturias, como si de una particular Cueña de les Cabres se tratase, la losa que “limita la capacidad inversora” de la Administración autonómica y, como primera consecuencia, su margen de maniobra para servir de motor o palanca de la coyuntura económica regional. La plantilla autonómica, que a finales de 1990 tenía un peso de poco más de uno por ciento dentro de la masa laboral de toda la región, supone en la actualidad algo más de 11 por ciento, diez puntos más, una evolución en la que tienen una influencia determinante los siete mil profesores que se incorporaron en 2001, los 14.000 sanitarios que pasaron a depender del Principado a partir del año 2003 y los poco más de mil funcionarios de la justicia, transferencia que asumió la comunidad autónoma, en materia de gestión del personal, en 2008.
Las mujeres en la actual plantilla del Principado, 31.880, casi triplican a los hombres, 11.691
La asunción de las competencias sanitarias, de educación y de justicia ha servido también para consolidar la presencia mayoritaria de la mujer en la plantilla del Principado. En los 43.571 empleados públicos que el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas atribuye a la asturiana, a enero de 2021, la proporción femenina casi triplica a la masculina, 31.880 mujeres y 11.690 hombres. Una situación muy distinta a la que había en 1990, tras la llegada de las primeras “hornadas” del funcionariado autonómicos, cuando la distribución por sexos estaba más pareja, casi al cincuenta por ciento.
La patronal asturiana también ha advertido del riesgo que, para la sostenibilidad de la estructura autonómica, entraña el aumento del endeudamiento del Principado que, según los últimos datos publicados por el Banco de España, se encontraba al cierre del primer semestre de este año en 4.865 millones de euros, después de haber tocado techo en el verano del 2020, al pasar por primera vez de los 5.000 millones de euros. Un pasivo que equivale a un 20 por ciento del PIB regional y que, a juicio de la FADE, supone “un lastre que pone en riesgo las políticas de dinamización económica” ya que, por ejemplo., en este año, 2021, “la amortización de la deuda se incrementa en un 65 por ciento respecto a 2013”, y ello pese a que Asturias ha figurado en el grupo de las autonomías menos endeudadas del país. “Más gasto y más deuda puede ser una dinámica muy compleja para abordar una crisis como la actual”, concluyó la patronal en su valoración de las cuentas de la Administración autonómica, inmersa en una encrucijada decisiva para su futuro.
