Langreo, E. PELÁEZ
La secretaria de Política Social del PSOE y ex ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, exigió ayer en Riaño al Gobierno central que «ponga en funcionamiento sin dilaciones» el centro de discapacitados Stephen Hawking de Langreo. El equipamiento, señaló la diputada, promovido «con gran esfuerzo» en su etapa al frente del Ministerio de Sanidad, «tenía unos compromisos presupuestarios adquiridos y exigimos que se cumplan» y arranque tal y «como estaba concebido», en referencia a la gestión pública del centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas de Barros cuya construcción está a punto de concluir.
La alcaldesa de Langreo, Esther Díaz, había denunciado un día antes que los planes del ejecutivo de Mariano Rajoy pasan por no destinar dinero este año para el equipamiento del centro de discapacitados, que precisa de dos millones de euros, y por una gestión que «no sea pública». La regidora se hacía eco de la respuesta recibida por un representante de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT de parte del director general del Imserso, César Antón. La ex ministra de Sanidad reclamó que el actual ejecutivo destine al centro de discapacitados la inversión que ya había sido comprometida para que pueda empezar a funcionar.
«Es un centro de referencia estatal absolutamente necesario para la ciudadanía», afirmó Jiménez, que resaltó que se tuvieron que sortear «algunas dificultades para poder concluir la obra». Tendrá capacidad para 90 personas «con graves discapacidades neurológicas que necesitan tratamiento especializado», añadió. Sesenta de esas plazas serán de estancia temporal y 30 de centro de día. Además, creará 150 puestos de trabajo, de los que un tercio corresponderán a especialistas en la atención a graves discapacidades, dijo la ex ministra de Sanidad.
Jiménez hizo hincapié en que actualmente, en España, «hay pocos centros especializados» como el que se construye en Barros. Recordó asimismo que el Ayuntamiento había cumplido el compromiso reflejado en el convenio firmado en 2007 por las administraciones central, regional y local, con la cesión de la parcela en la que se construye el centro de discapacitados.
Ese mismo documento, que fue prorrogado recientemente por las tres partes, recoge que el Gobierno central se hará cargo de la gestión del equipamiento mientras que el Gobierno regional participaría en los gastos de intervención directa, que incluye la atención a los usuarios, sus familias y los cuidadores además de promover planes de autonomía personal, hasta un máximo de un tercio del importe. El Ayuntamiento aportó los terrenos.
