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Estado que presenta una de las dependencias del viejo acuartelamiento.

La demolición del antiguo acuartelamiento langreano

Los técnicos confirman que el estado del cuartel viejo empeoró desde su cierre

Representantes municipales acceden al edificio, cuyo derribo está pendiente dos años después por discrepancias entre Interior y Sogepsa

El Ayuntamiento de Langreo comprobó ayer que el estado del viejo cuartel de la Guardia Civil ha empeorado desde su cierre, que se produjo hace un año y diez meses. Técnicos y representantes municipales accedieron a la construcción, acompañados por personal de GIESE (Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado) con el objetivo de elaborar "cuanto antes" un informe técnico y, seguir con el expediente de ruina, remitiendo al Ministerio del Interior un requerimiento para que lo derribe. El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, confirmó que el consistorio continuará con "la hoja de ruta marcada" y recurrirá a la demolición, reclamando posteriormente los gastos al propietario si éste no asume la actuación.

Interior y Sogepsa (Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias), los dos firmantes del convenio para la construcción del nuevo cuartel, no alcanzan un acuerdo sobre quién tiene que ejecutar el derribo ni sobre el pago del IVA, que se dirime actualmente en la Audiencia Nacional "que podría resolverse antes del verano", aseguró el concejal de Urbanismo, Jonatan López. Este conflicto está demorando la demolición del acuartelamiento, cuyo estado de deterioro avanza.

Mientras, el gobierno local ha decidido dirigirse al dueño de la edificación, el ministerio, a quien solicitó acceder al inmueble para comprobar su estado. "Nos encontramos con cascotes, escombros, con cimientos permeables al agua y basura. Es una cuestión de salubridad", indicó el edil de Urbanismo, que aseguró que han recibido numerosas quejas de los vecinos. Tras la visita, que se prolongó más de una hora, López señaló que el deterioro del viejo cuartel es "cada vez mayor ya que no existe mantenimiento". El ejecutivo municipal estima que la demolición tendría un coste de alrededor de 60.000 euros y advierte de que seguirá los trámites administrativos para derribar el edificio aunque está abierto a la colaboración de Interior y Sogepsa. El ministerio estaría dispuesto a limpiar pero el gobierno reclama el derribo y desescombro.

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