11 de febrero de 2012
11.02.2012
 

El PP tapiego dice que el Principado respalda la recusación del Alcalde

«Lo que votamos está dentro de la ley, no fue un pataleo», aseguran

11.02.2012 | 01:00

Tapia, T. C.


El Partido Popular de Tapia asegura que el informe emitido por la Dirección General de la Administración Local que cuestiona el decreto de paralización de los sondeos mineros en Salave «respalda la decisión del pleno» en el que se recusó al alcalde, Manuel Jesús González. El portavoz popular, Enrique Fernández, sostiene que el documento les da la razón al considerar que «el decreto de paralización no fue emitido con todas las garantías». Y añade: «el documento dice que lo que votamos está dentro de la ley, no fue un pataleo».


La recusación del Alcalde salió adelante en el pleno del pasado 30 de diciembre con los votos a favor del PP, Foro Asturias y el entonces edil socialista Ernesto Maseda. La recusación la propuso la empresa Astur Gold, propietaria del yacimiento de oro de Salave, al considerar que el regidor paralizó los sondeos movido por una supuesta enemistad manifiesta hacia ella.


El PP, que es la lista más votada en Tapia, donde tiene cuatro concejales, confía en que se resuelva pronto el embrollo legal que rodea a la paralización de los sondeos. «Es necesario darle una solución cuanto antes, porque estos líos no conducen a nada», señaló Fernández. Al igual que advirtió el portavoz de Foro Asturias, Guzmán Fernández, el popular llama la atención sobre las posibles consecuencias de la paralización de los sondeos para las arcas municipales. «Se habla de una indemnización de 5.000 euros por día. Creo que, si por una cabezonería tiene que pagarse un montón de dinero, deberían hacerse cargo los responsables políticos».


Por su parte, el regidor tapiego se mostró ayer molesto con las quejas de los concejales y defendió que el decreto de alcaldía que paralizó los sondeos sigue en vigor. Arremete contra la Administración por un documento que califica de «poco claro porque las conclusiones no son objetivas ni acertadas. «El Ayuntamiento tiene la potestad de paralizar unas obras ilegales», subraya el Alcalde, a cuyo juicio el Principado «no estuvo acertado en el informe», ya que pone de manifiesto que el Ayuntamiento debió requerir la documentación antes de parar la obra. «Si no se inicia un trabajo sí que se debe requerir la documentación, pero este caso es distinto porque la empresa presentó una declaración responsable e inició los trabajos». Añade que cuando el PP estaba en la Alcaldía archivó la petición de Astur Gold para sondear por la falta del mismo estudio de implantación que ahora se le reclama.

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