El asunto está en los tribunales, y sólo queda esperar a que éstos decidan. Es la postura del equipo de gobierno valdesano ante la denuncia de malos tratos por parte de una empleada municipal que elevaron los padres de los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Canero. Ayer, unidos como asociación, se concentraron frente al Ayuntamiento, para pedir que se aparte a esta persona de su cargo, algo que el alcalde, Simón Guardado, asegura que "no es posible".
"Entiendo y comparto la preocupación de los padres, me pongo en su lugar", señaló Guardado, que explicó las medidas que se han tomado para solucionar la situación. En un primer momento, se trató de llegar a "acuerdos internos" para frenar las irregularidades, que según los afectados consisten en faltas de puntualidad, faltas de atención al personal, gritos y hasta malos tratos físicos a los usuarios.
Visto que no daba resultado, la Junta de Gobierno decidió abrir expediente a esta empleada en el mes de diciembre, que ya ha sido remitido a la Fiscalía de Avilés para que tome medidas. "Ahora sólo podemos esperar a que se tomen las decisiones jurídicas, y será en ese momento cuando el Ayuntamiento esté amparado para actuar en un sentido u otro", señaló el Alcalde.
"Apartar a una persona de su puesto de trabajo, como se está pidiendo, no lo podemos hacer, porque estaríamos incurriendo en situaciones que podrían derivar en mayores problemas. No podemos tomar la determinación sin tener los elementos judiciales ni legales pertinentes", añadió Simón Guardado, que atendió a los padres y usuarios del CAI a las puertas de la casa consistorial. Las explicaciones del regidor no parecen suficientes para los padres de los usuarios del centro, que piden que, independientemente de lo que dictamine la Justicia, no se permita a esta trabajadora permanecer en su actual puesto. "El problema se viene arrastrando desde hace seis años. Lo último fue la presencia de Guardia Civil en el centro", explica Nieves Fernández Gudín, portavoz de los padres. "Consideramos que no es apropiado que una persona así esté en la atención directa a nuestros hijos", remarcó, para concluir que "sólo nos queda el derecho al pataleo".
La veintena de jóvenes que acuden al centro no asistirán esta semana como forma de protesta. Ni la dirección del CAI ni la Consejería de Servicios y Derechos Sociales quisieron manifestarse sobre el tema.
