No ha habido acuerdo entre las aseguradoras para determinar cuál de ellas deberá asumir el coste de los daños causados por la explosión pirotécnica ocurrida la noche del 21 de julio en Cangas del Narcea, en la tirada nocturna de la víspera de la fiesta de la Magdalena, y los afectados tendrán que ir a juicio para poder cobrar las indemnizaciones por los daños causados. La cifra iría entre 1,5 y 1,8 millones.

Desde entonces, aseguradoras y Ayuntamiento han mantenido diferentes reuniones para acercar posturas sobre quién debería asumir la responsabilidad de lo sucedido en el Prao del Molín la noche del 21 de julio y, por lo tanto, hacerse cargo de los numerosos daños causados por la explosión en toda la villa, pero en las reuniones no han conseguido llegar a un acuerdo entre todas las partes. El alcalde cangués, José Víctor Rodríguez, explica que no ha sido posible llegar al acuerdo porque "no todos comparten que haya habido un cúmulo de circunstancias que provocasen la explosión". Algo que sí entiende el Ayuntamiento, que ve claramente que en la deflagración de parte de la tirada nocturna preparada por varias peñas de la pólvora para disfrutarse la medianoche del 21 de julio se produjeron "una concatenación de circunstancias que llevaron a la explosión", señala el Alcalde.

El regidor detalla que en las reuniones estuvieron presentes el corredor de seguros del Ayuntamiento, Willis, y el seguro de responsabilidad civil del Consistorio, Allianz, además del seguro de los tiradores a cargo de Helvetia y Mapfre, por parte de la pirotecnia. "Desde el Ayuntamiento lo intentamos durante estas semanas en las diferentes reuniones pero no se ha llegado a un acuerdo", reconoce Rodríguez.

El siguiente paso ahora será esperar a la evolución de la investigación que está abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Cangas del Narcea, que será el que tenga que dilucidar quién es el responsable directo de los daños causados y de la responsabilidad civil. Una responsabilidad que podría recaer sobre los tiradores, las peñas organizadoras de la tirada, la pirotecnia o sobre todos juntos.

Ante esta situación, los afectados, más de 600 según las denuncias recogidas por el Ayuntamiento, tendrán que ir a juicio, es decir, plantear las demandas civiles ante el juzgado para poder cobrar las indemnizaciones correspondientes. Quienes cuenten con seguro deberán consultar el proceso con él y los afectados que no lo tengan deberán recurrir a su gestor o abogado para personarse en el procedimiento civil que servirá para que el juzgado inicie la búsqueda de responsabilidades. Por ahora, el juzgado ya tiene a su disposición el informe de la Guardia Civil y todas las denuncias que la oficina municipal de atención a los afectados fue recopilando.

Aunque no hay una cifra del coste que supondrá el arreglo de todos los daños causados por la explosión pirotécnica, la cuantía que baraja el Ayuntamiento oscila entre 1,5 millones de euros y 1,8. "Una cifra que se podrá dar de forma oficial en breve porque la gran mayoría de las valoraciones económicas de los peritajes ya están hechas", apunta el Alcalde. Para el Ayuntamiento, la falta de acuerdo hasta la fecha tampoco significa que se rompan las conversaciones. Asegura que se podrán retomar cuando la investigación dentro del juzgado avance.

José Víctor Rodríguez también ha avanzado que la licitación del proyecto de arreglo de la piscina, uno de los equipamientos más afectados por la explosión, está en marcha y su reparación tendrá un coste de 250.000 euros. La previsión es que para febrero vuelva a estar en funcionamiento.