La factoría de Ence en la ría de Pontevedra vuelve a tener en riesgo su continuidad cuando en 2033 venza la actual concesión administrativa. El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) no se opuso el viernes ante la Audiencia Nacional a la derogación de la controvertida prórroga de 60 años (hasta 2073, contabilizado desde que en 2013 se hizo la solicitud) que el ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) concedió a la empresa el 20 de diciembre de 2016 mediante una orden ministerial.

El cambio de posición de la Administración Central del Estado ante la Audiencia Nacional, que podría convertir a la factoría de Navia en la única planta de celulosa del grupo dentro de catorce años, penalizó en Bolsa a la empresa, que cedió el 5,33%.

De prosperar las demandas de las instituciones y grupos conservacionistas contra la continuidad de la fábrica de celulosa en la ría pontevedresa (con 400 empleos), la compañía podría tener que replantarse las fortísimas inversiones previstas para el centro productivo gallego en su ambicioso plan estratégico para el periodo 2019-2023, en el que se destinan entre 450 y 500 millones a la planta de Navia (la mayor de pasta de papel que tiene el grupo) y 350 millones para la gallega. Salvo que Ence decidiera levantar otro complejo fabril en Galicia (con una relevancia maderera superior a Asturias), es previsible que los proyectos de ampliación y expansión de la factoría naviega tendrían que ser acrecentados para alcanzar los elevados objetivos de aumento de la capacidad instalada y de diversificación de la gama de productos que anunció en enero la empresa, y que incorpora la inclusión de nuevas elaboraciones, caso de la viscosa.

La renovación de la concesión por el PP (y que supuso la declaración del pontevedrés Mariano Rajoy como persona no grata por el consistorio de su ciudad) fue recurrida por el Ayuntamiento gallego, una asociación por la defensa de la ría y el grupo ecologista Greenpeace. La Administración General del Estado, que había considerado conforme a Derecho la prolongación de la concesión, cambió ahora de posición y el viernes la abogacía del Estado ya no se opuso en su escrito ante la Audiencia Nacional a las pretensiones de los demandantes, lo que Ence tachó ayer de cambio de criterio "arbitrario" y "contrario al ordenamiento jurídico". La empresa anunció que agotará las vías judiciales en la defensa de sus intereses.

Según la nueva posición de los letrados del Estado, no es factible, en virtud de la Ley de Costas, prorrogar la concesión de 75 años que otorgó el Estado a Ence en 1958 para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre y cuya autorización vence en 2033.

La factoría de Pontevedra produce 465.000 toneladas anuales de celulosa con 400 empleos y Navia genera 605.000 toneladas con 350 trabajadores, que está previsto ampliar hasta 490 con el nuevo plan estratégico. Además de la plantilla propia de la fábrica, la retirada de la concesión a la fábrica pontevedresa impactaría en unos 2.700 empleos de contratas y otros 2.100 en el sector maderero gallego, según estimación de la compañía.