Una vecina de Tapia compareció ayer en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés en calidad de acusada de un delito de daños a la propiedad ajena y otro de hurto, ambos relacionados con la abrupta ruptura del contrato de arrendamiento de un local hostelero y una vivienda asociada que tenía suscrito con otro vecino de la localidad.

El demandante sostiene que la inquilina, forzada a abandonar el local por varios impagos de renta, causó destrozos en el mismo cuya reparación costó 15.917,55 euros y se llevó mobiliario valorado en 536,50 euros. La acusada negó la mayor: declaró que no causó daño alguno en el local -al contrario, defendió haber hecho obras de mejora que ella misma costeó- y explicó que las sillas y los taburetes supuestamente hurtados fueron en realidad sustituidos por otros "en aras a la seguridad de los clientes, pues los antiguos estaban tan destrozados que amenazaban con romperse".

La acusada explicó a la juez que el estado del local era el mismo al principio del contrato de alquiler como en el momento de ser devuelto a su propietario. La acusación expuso, por contra, que la arrendataria "causó daños en la barra, en el montacargas, en el mueble-bar, en los tabiques, en puertas, ventanas, persianas, herrajes, en la conducción eléctrica y en la instalación del gas". "Más que limpiar en ese local no hice; lo entregué como lo encontré", reiteró la mujer, cuyo abogado dio a entender en sus conclusiones que la demanda contra su cliente persigue el objetivo de cobrarse por la vía penal las rentas pendientes que no pudo por la civil.

Respecto a la indemnización de 15.917,55 euros solicitada, el fiscal y la acusación particular redujeron esa cifra a 7.000 euros al admitir el dueño del local que ese fue el importe aproximado que descontó al inquilino actual por hacerse cargo de la reparación de los supuestos daños.