El Juzgado de lo social número 2 de Avilés ha dado la razón a las trabajadoras del piso tutelado de San Tirso de Abres que demandaron al consistorio por despido improcedente. Dos de las tres empleadas fueron a juicio y el juez condenó al Ayuntamiento a su readmisión o al pago de la pertinente indemnización, que fue la fórmula elegida por los responsables municipales.
Los hechos se remontan a junio de este año, cuando el nuevo gobierno socialista decidió cerrar este equipamiento para mayores en base a un demoledor informe de la Secretaría municipal. Se indicaba en este documento "la inviabilidad del mantenimiento" del servicio por la financiación insuficiente y la falta de usuarios. El informe añadía, además, que, de prolongarse la situación de falta de usuarios, pondría al consistorio "en una situación de inestabilidad presupuestaria e imposibilitaría cumplir con la regla de gasto". En base a esto, el gobierno local suprimió el servicio y notificó a las trabajadoras su decisión y el fin de su contrato, que había sido suscrito por obra o servicio.
El juez entiende que el servicio para el que las dos mujeres fueron contratadas no finalizaba en junio sino a fecha de diciembre de 2019, hasta cuando estaba vigente la subvención concedida por el Principado. El juez entiende que, de no existir dotación presupuestaria, "lo procedente sería un despido objetivo, por causas económicas, productivas u organizativas, pero no un fin de obra o servicio". Asimismo, el juez considera que la comunicación extintiva que se remitió a la plantilla "no reunía los requisitos necesarios", al entender que no se aclara si es o no definitiva en la vía administrativa y tampoco se indican cuáles son los recursos que proceden a continuación.
La sentencia, emitida el pasado 4 de diciembre, dio al consistorio un plazo de cinco días para proceder a readmitir a las empleadas o a su indemnización. Finalmente, el Ayuntamiento optó por esta última fórmula, lo que le obligó a desembolsar algo más de 700 euros entre las dos trabajadoras. El alcalde de San Tirso, Clemente Martínez, defendió ayer el proceder municipal en todo este caso: "Nos reafirmamos en que se hizo lo correcto porque, si no, llevaríamos al Ayuntamiento a la ruina. Se tomó la solución menos mala".
Por su parte, la oposición del PP, que en su último mandato puso en marcha este recurso asistencial, criticó duramente la actuación del gobierno local y mostró su satisfacción con la decisión judicial que da la razón a las trabajadoras. "El grupo socialista desde el primer momento tenía una obsesión con cerrar el alojamiento y de estas prisas vienen estas situaciones", inciden.
