Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Fiscalía solicita 3 años de prisión y 16 de inhabilitación para el Alcalde de Somiedo por prevaricación y falsedad documental tras una denuncia por el servicio de taxi local

"Es una exageración, es incomprensible que esto haya llegado a juicio", afirma el regidor

Belarmino Fernández, en una imagen de archivo.

Belarmino Fernández, en una imagen de archivo.

La Fiscalía del Principado solicita 3 años de prisión y 16 de inhabilitación para el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández Fervienza, por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad documental. La vista oral está señalada para el próximo 6 de abril. La situación se deriva de una denuncia presentada por un particular a cuenta del servicio de taxi local, a la que no se habría dado el trámite correspondiente por parte del Ayuntamiento.

El ministerio fiscal sostiene que el 2 de junio de 2016, una persona, como usuaria del servicio de taxi en Somiedo, y con el fin de conocer las tarifas aplicables, remitió un correo al Ayuntamiento solicitando la dirección donde constasen las tarifas. El 6 de junio reiteró la solicitud presentándola en el registro telemático municipal e insistió de nuevo el 23 de junio. El 3 de agosto, el alcalde de Somiedo respondió indicando que no se había establecido un régimen de tarifas.

Con fecha 9 de agosto de 2016 la misma persona presentó en el registro telemático municipal una nueva solicitud en la que pedía información sobre si, a falta de que se hubiera establecido un régimen de tarifas, debía entenderse que las tarifas de auto-taxi en Somiedo eran libres o estaban sometidas a las normas fijadas en decretos autonómicos.

Según Fiscalía, en fecha 22 de septiembre de 2016, el Alcalde respondió a esta solicitud manifestado que “al no haber tarifas aprobadas, será de aplicación la normativa autonómica con la especificidad de los municipios de alta montaña”. Esta manifestación, indica el ministerio fiscal, “no respondía a la realidad”.

La persona que solicitaba la información, al entender que su petición había sido desestimada, solicitó del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado la consideración de su solicitud. Este, por resolución de 30 de septiembre de 2016, estimó la reclamación presentada e instó al Ayuntamiento a que, en plazo de 15 días, remitiera al reclamante copia de la información solicitada y al Consejo copia de la información remitida al reclamante.

“El acusado (...) pese a habérselo reiterado, no dio cumplimiento a la resolución del Consejo de Transparencia (...). El denunciante, con fecha 17 de octubre de 2016, ante la inactividad del Ayuntamiento, solicitó la adopción de medidas (...) El acusado persistió en no dar cumplimiento”, añade Fiscalía.

Tras no realizarse ninguna gestión ni actuación por parte del Ayuntamiento, el 16 de febrero de 2017, la persona afectada presentó denuncia en el Consistorio. A partir de ahí, tampoco se habría actuado correctamente, según el planteamiento de la Fiscalía: “El acusado, obviando las normas de procedimiento administrativo con el fin de evitar tener que dictar una posible resolución sancionatoria para el titular de la licencia de taxi, no tramitó la denuncia ni dio orden de tramitar el expediente, ni dictó resolución alguna sobre la denuncia, sino que se limitó a entrevistarse en su despacho con el titular de la licencia de taxi, dando por buenas sus explicaciones”. La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de prevaricación y uno de falsedad documental.

Así, solicita que se condene al acusado “por el delito de prevaricación, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 13 años (...) lo que implica la pérdida de su condición de alcalde o concejal, así como la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección(...) si bien no implicará la pérdida de su condición de funcionario, si la tuviera”. Y “por el delito de falsedad, 3 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público en las corporaciones locales durante 3 años, y 9 meses de multa a razón de 12 euros diarios”.

“Es incomprensible”

Por su parte, el Alcalde de Somiedo aseguró ayer que le “parece incomprensible que esto haya llegado a juicio”. “Llevo 33 años gestionando dinero público y encontrarme con que un supuesto cobro de 17 euros de un taxista a un ciudadano se haya convertido en esta exageración...”, señala.

En cuanto a los delitos que se relacionarían con el hecho de no haber expedientado al taxista, señala: “Cómo, si no realizó ninguna reclamación al taxista ni aportó ninguna factura del viaje, ni qué día se realizó o la hora”.

Compartir el artículo

stats