La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Ibias teme el cierre de su botiquín de Luiña si no cambia la ley de farmacias

“Es alucinante que pasen de un servicio esencial”, lamenta la regidora, tras rechazar la Junta las modificaciones que pedía el PP

La alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez (PP), lamenta que en la Junta General del Principado no haya salido adelante la proposición de ley que llevó el pasado miércoles su partido al Parlamento para pedir que se flexibilice la ley autonómica de ordenación farmacéutica. La petición de los populares planteaba que se perimitiera a los famaceúticos atender de forma telemática el botiquín local de las localidades, donde de forma presencial trabaja un auxiliar.

Álvarez cree que el rechazo a esta propuesta aboca al cierre a los botiquines y en su municipio cuenta con el de Luiña, dependiente de la farmacia de San Antolín de Ibias y separado de ella por 24 kilómetros de distancia a través de una carretera de montaña.

“El botiquín de Luiña cerrará más pronto que tarde y esperaremos a ver qué explicación darán entonces, porque es alucinante que pasen de un servicio que es esencial”, subraya la regidora, que no entiende cómo en la actualidad muchas de las consultas médicas siguen siendo telefónicas y, sin embargo, no se autoriza facilitar a un farmacéutico la atención telemática de su botiquín.

“A día de hoy es como están trabajando los botiquines porque no tienen farmacéuticos, solo hay dos en la bolsa de Asturias y piden destino para el centro de la región”, expone la Gemma Álvarez. Los botiquines son dispensarios de medicamentos vinculados a una farmacia que están situados en pueblos donde hay consultorios periféricos, con el objetivo de facilitar la atención sanitaria completa a los pacientes y evitar sus traslados a la capital del municipio para adquirir los medicamentos.

No obstante, la norma en Asturias exige que estos establecimientos estén atendidos por farmacéuticos de forma presencial, por lo que en muchos casos estos deben repartir su tiempo entre la farmacia y el botiquín, al no encontrar profesionales que quieran trabajar en poblaciones que en su mayoría se sitúan en las alas de la región. De no cumplir con la atención presencial por un farmacéutico, se enfrentan a multas que pueden ir de 30.000 a 60.000 euros.

Para Gemma Álvarez el rechazo de PSOE e IU a la proposición de ley y la abstención de Vox demuestra “el poco conocimiento que tienen del territorio” y añade que con ello “se siguen recortando los servicios en las zonas rurales y complicando y endureciendo mucho más la vida aquí”.

Compartir el artículo

stats