Lo que tenga que ser del "caso Musel" debería serlo cuanto antes, para hacer también cuanto antes borrón y cuenta nueva. Tal se desprende de la decisión de la jueza Lamela, que acaba de descartar el archivo de las diligencias y el anuncio, por tanto, de la apertura de juicio oral por las supuestas irregularidades en las obras de ampliación del superpuerto.
A la vista del auto de la magistrada de la Audiencia Nacional, tal parecería que en lugar de una obra portuaria, la ampliación fue un ingente trabajo de ingeniería minera, por lo oscuro del proceso administrativo, negro, a juicio del fiscal, como el carbón que llega en barcos y que puede, si se empeña el actual Gobierno de la nación, que deje de llegar; pero sobre todo por la redacción del auto judicial, donde se denuncia "la previa elección subterránea de unas empresas para beneficiarlas con la adjudicación del contrato". Todo subterráneo, todo catacúmbico.
Fraude y prevaricación son las figuras delictivas que se contemplan en la ejecución de un proyecto de enorme complejidad en el que no primaron, parece ser, ni las garantías técnicas ni la vigilancia de los fondos públicos encomendados a los gestores portuarios.
Conviene que El Musel no pierda el juicio, su buen juicio, el camino emprendido por los actuales dirigentes de la Autoridad Portuaria. Que paguen, si así lo estima la jueza, los responsables del desaguisado que relata la Fiscalía en su pronunciamiento y rechazan con vehemencia las defensas. Sin más demoras, la principal dársena asturiana debe pasar página y rearmarse en su función como elemento esencial del desarrollo de la economía regional, puerta de salida de las exportaciones de las empresas de la región.
