Una jueza de Gijón acaba de determinar que empapelar de pasquines profranquistas la fachada de la sede de Podemos en esta ciudad no es delito, que a los que llevaron a cabo tal acción les ampara la libertad de expresión. La decisión judicial no ha satisfecho a los dirigentes podemistas, que buscaron amparo en el Juzgado, donde denunciaron lo que consideraban una "agresión fascista".
La libertad de expresión, derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el 20 de la Constitución española, tiene estas cosas y tratar de amordazarla conduce inexorablemente a la censura. De hecho, ha sido tradicionalmente la izquierda junto con los medios de comunicación quienes han defendido con uñas y dientes la pervivencia de este derecho, vitamina para la buena salud de los sistemas democráticos. Así, cuantas menos restricciones legales se aplicaran a la capacidad de expresarse, mejor. Y si resultaba que algunas de las formas asumidas por la libre expresión eran desafortunadas, ello era parte del precio de la libertad. Obviamente, también tiene sus límites, allá donde choca con el derecho al honor o la integridad de otros, cuando incita al odio o hace apología de la violencia. Justamente a lo que se agarra Podemos en su denuncia.
El debate es interesante sobre dónde hay que situar las líneas rojas. Hay personas y colectivos que se sienten ofendidos ante la exhibición de algunas obras de arte, por ejemplo, y están en su derecho a indignarse. Los defensores de la libertad de expresión tendremos que volver a defender, humildemente, el uso de los argumentos frente al arranque de la indignación.
