A nadie debería extrañar que la Abogacía del Estado se convierta con frecuencia en el abogado del diablo: en la separación de poderes, el Ejecutivo es el demonio cojuelo que disfruta del privilegio de someter a tentación a los otros dos, el Legislativo y el Judicial. Quien ostenta la representación y la defensa en juicio, ante cualquier jurisdicción, del Estado y de sus organismos autónomos, organismos y entidades públicas, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, no está obligado a defender los intereses de la ciudadanía. De esa labor ya se ocupa la Fiscalía. De manera que la defensa del Estado se convierte con frecuencia en decidir al dictado del Gobierno de turno.
Que la Abogacía del Estado haya cambiado de opinión en unos meses sobre los delitos cometidos por los líderes independentistas encarcelados, considerando sedición lo que antes consideró rebelión, puede parecer un escándalo o un entreguismo de ese cuerpo funcionarial de élite al designio del poder político. Pero cabría preguntarse si cuando se inició el proceso judicial contra el "procés", la Abogacía del Estado no fue "instada" por el Gobierno de Rajoy a solicitar para los apresados la máxima pena.
Hecha esta salvedad, lo que nos queda a los ciudadanos de a pie es confiar en la justicia y pensar que los jueces que juzguen el caso sean ecuánimes y apliquen la ley sin obstáculos ni injerencias, en su justa medida. Y quien no esté de acuerdo podrá después recurrir al Tribunal Supremo, de quien se espera la máxima imparcialidad, afecte su decisión a los independentistas catalanes o a los bancos.
