Tiene mal encaje jurídico que al Ministerio ese de Transición Ecológica se le pasase por la cabeza endosarle al Ayuntamiento de Gijón y al Principado de Asturias la parte que de la millonaria multa europea por deficiencias en el saneamiento corresponde a esta ciudad por no haber puesto en funcionamiento la depuradora de El Pisón, suspendida por los jueces.
En enero de 2008, cuando Cristina Narbona era ministra de Medio Ambiente, se firmó un convenio a tres bandas con el entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y con quien ocupaba la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Norte, Jorge Marquínez, que había sido antes mano derecha de María Luisa Carcedo en la consejería ambiental. En ese documento, que marcaba las bases de la coordinación y ejecución en Asturias del plan nacional de calidad de las aguas, se señalaba que la construcción de la depuradora de la zona este de Gijón era obra "de interés general del Estado". O sea, que el Gobierno central asumía íntegro su coste. Y que una vez puesta en explotación se desclasificaría para que el Principado asumiera la obligación de su mantenimiento, explotación, reposición o ampliación.
Que se sepa, las obras de la planta de El Pisón fueron paralizadas por mandato judicial antes de ser recepcionadas. O sea, que el Ministerio ese de Transición Ecológica no puede cargar al Principado una multa por una obra mal hecha que no ha recibido. Y mucho menos al Ayuntamiento, convidado de piedra en esta ceremonia confusa.
A día de hoy, quien tiene que acoquinar por el dislate de levantar una planta donde no convenía es el Estado, responsable también de resolver el entuerto cuanto antes, por la cuenta económica que le trae.
