Este mes de diciembre celebramos el cuarenta aniversario de nuestra Constitución, que rubricó la muerte del franquismo y la recuperación de la democracia iniciada con la constitución de la II República, un cambio radical en la historia política de España, marcada por breves períodos constitucionales ahogados por una historia oscura de cuarteles, pronunciamientos, golpes, ruido de sables y guerras civiles. Pocos podíamos imaginar que en este cuarenta aniversario se diese en el contexto de la mayor crisis territorial, de polarización social y política y con la entrada en las instituciones de la extrema derecha.
Nuestra Constitución se hizo en unas condiciones muy difíciles. No olvidemos nunca que si Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle, en medio de una galerna de huelgas y un rastro de sangre.
En un día como éste, sobran ruido y furia, secuestro patrimonial y descalificación. Se echa en falta una zona templada de discursos compartidos. Porque hubo quienes no la votaron y se presentan hoy como sus defensores, vetando su mejora; quienes siguen combatiéndola, utilizando eso sí, sus garantías; y quienes, desde una posición adanista, pretenden destruirla para crear de la nada otra nueva, sin que expliquen las mayorías con las que cuentan para lograrlo.
Cuatro décadas de vida han modificado el rostro de nuestra sociedad. La España de 2018 es muy distinta y mejor que la de 1978. Formamos parte de una Unión Europea, hoy en una profunda crisis, y afrontamos en España graves problemas de crisis social y desconfianza política que apenas cabía atisbar entonces.
El transcurso del tiempo ha dejado obsoletas algunas piezas del texto constitucional. Por otra parte, las anunciadas reformas se han trocado en contrarreformas como la reciente del 135 de la Constitución.
El reto para la izquierda no es solo la reforma de nuestra Ley de leyes, sino que su contenido se cumpla. La degradación actual no radica precisamente en la Constitución sino, más bien, en el escaso uso y desarrollo que se ha hecho de ella por parte de los tres poderes del Estado.
Baste recordar la afirmación constitucional de que la riqueza de nuestro país está subordinada al interés general y la posibilidad de reservar al sector público de recursos o servicios esenciales, la revalorización de las pensiones, el derecho al trabajo y a la vivienda; el artículo 14 sobre la igualdad y no discriminación, que requiere ser completado con el principio de "a trabajo igual, salario igual" para que éste sea definitivamente "el siglo de las mujeres".
La necesidad de actualización y los anuncios de reforma se han repetido tanto como los vetos de los partidos hoy en la oposición. El problema es la orientación de la reforma, pero también alcanzar la participación social y el consenso necesario para aprobarla.
El Título VIII ha sido objeto de comentarios de la más diversa índole; se ha elogiado su contenido con el mismo fervor con el que se le ha criticado. Para unos su regulación es excesivamente abierta y para otros demasiado cerrada. Nadie ignora que nuestra Ley Suprema dejó abierto el modelo de organización territorial del Estado, todavía imperfecto. En la izquierda proponemos su desarrollo en un sentido federal, del mismo modo que abogamos por el federalismo europeo, sin olvidar el reforzamiento de la base jurídica de la autonomía municipal y la suficiencia financiera de los ayuntamientos.
Los derechos sociales básicos -entre ellos el derecho de huelga- y los servicios públicos requieren un mayor blindaje, como se ha demostrado en el intento de vaciarlos de contenido en esta última década con el pretexto de la crisis. Los derechos de tercera generación, como los relacionados con la protección del medio ambiente, deberían aparecer de forma más nítida. Además, los avances científicos deberían ser incorporados, con la plasmación de nuevos derechos en materia de bioética, muerte digna o protección de la intimidad en el mundo de los ordenadores, las bases de datos y del "hombre de cristal".
Son muchas también las propuestas dignas de consideración en materia de regeneración democrática, por ejemplo la mejora de la calidad de nuestra democracia, aumentando la transparencia y la participación ciudadana, reforzando las incompatibilidades y eliminando los aforamientos abusivos. La forma de Estado de la izquierda sigue siendo la republicana.
Pero ninguno de estos motivos es razón suficiente para tocar los pilares del edificio constitucional. Entre otras cosas porque con la actual correlación de fuerzas, probablemente se perdería parte de su contenido progresista.
La Constitución no fue un punto de salida ni tampoco un punto de llegada, sino algo más importante incluso: un punto de encuentro entre fuerzas políticas y sociales que, trascendiendo intereses contrapuestos, fueron capaces de alcanzar un acuerdo en aras del bien común.
Por ello, reconocemos también que toda reforma es, cuando menos, delicada y que debe estar alejada de cualquier criterio partidista unilateral.
La Constitución no es intocable y se puede reformar. La petrificación de un sistema constitucional y su incapacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes incrementa el riesgo de ruptura o de su vaciamiento.
A raíz de las turbulencias generadas por la crisis catalana, la reforma de la Constitución es ahora más difícil que hace algunos meses. La cuestión catalana ha dejado la puerta abierta tanto al rebrote de centralismo y autoritarismo como a nuevos intentos de secesión.
Finalmente, la posición de los partidos es dispar: para uno, el PSOE, la mejor forma de defenderla es reformándola parcialmente; el PP no quiere tocarla; Unidos Podemos quiere derogarla por completo y sustituirla por otra de nueva planta y Ciudadanos, depende, aunque más bien no.
Ante posturas tan divergentes, tiene sentido abordar el debate a partir de eso que se está dando en llamar "el perímetro de la reforma". Se trata de reformar a partir de lo establecido. Se trata de mejorar lo que requiere actualización y mejora. Y esta tarea requiere diálogo y acuerdos.
Para ello hay que decir con precisión qué se quiere modificar; debe contar con el acuerdo de derechas y de izquierdas y, desde luego, con el apoyo de la mayoría del pueblo español que es el único soberano.
