El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2018 elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, a finales de año, ponía de relieve cómo la competencia fiscal entre Comunidades Autónomas (CCAA) resultaba atractiva para el desarrollo económico de la región. Este aspecto se ve reflejado en aquellas CCAA en las que su carga tributaria es menor que en otras zonas vecinas, generando un efecto atracción sobre las personas físicas y/o jurídicas de otras menos competitivas. La movilidad o el éxodo empresarial es la nota característica de los últimos tiempos; unas regiones pierden mientras otras ganan.
De hecho, comprobamos el gran efecto de arrastre que tiene Madrid, con ventajas fiscales, respecto a distintas poblaciones; o el desincentivo a la inversión en otras, tales como Cataluña, que se ven perjudicadas no sólo por sus problemas políticos, sino también por las cargas tributarias que ostentan, tal y como el REAF 2018 del Consejo General de Economistas (CGE) declara en su informe y el IACF 2018.
Por tanto, el diseño de políticas fiscales más atractivas se ha de configurar como un eslabón esencial de la cadena de desarrollo económico de una región, capaz de generar nichos de mercado. El verdadero conflicto no lo encontramos en el proteccionismo fiscal, sino en la "maraña tributaria" que tiene nuestro país. Para algunos como Valentín Pich, presidente del CGE, este hecho "no es una buena carta de presentación para los inversores y nos resta competitividad".
La necesidad de reforma del sistema tributario, en su conjunto, sin "remiendos", es esencial a la vista de la problemática ligada a la plusvalía municipal o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por poner dos ejemplos de actualidad. Si bien, seguimos realizando modificaciones puntuales sin estudiarlo en su totalidad y seguimos esperando una reforma del sistema de financiación a la que se le "va dando largas". Se debe avanzar en el proceso de consolidación fiscal y promover la competitividad económica y la creación de empleo.
No debemos olvidar tampoco que la reforma fiscal deberá ser compatible con las proyecciones de déficit público del Gobierno español recogidos en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2018 para el periodo 2018-2021.
Donde sí se podría lograr un consenso es en materia de imposición medioambiental fruto de las medidas propuestas en el seno de la UE. Sin embargo, una vez más nos encontramos con un profundo caos en materia de tributos propios de las CCAA, dado que éstas han realizado, en múltiples casos, un uso indiscriminado de los mismos, sin demasiada coherencia en su justificación, lo que perjudica la unidad de mercado. Un problema añadido son las dificultades de corrección de las externalidades negativas que extienden sus efectos fuera de la propia región.
Pero no olvidemos que estas medidas serán incapaces de corregir el crecimiento de la deuda pública si no actuamos sobre el gasto público, al que tan acostumbrados estamos a hacerlo crecer.
El IACF 2018 atribuye las primeras posiciones a Vizcaya, Álava y Madrid, ocupando las últimas Cataluña (pierde un puesto), Aragón (pierde uno) y Asturias (cae 4 puestos). Los mejores resultados se logran, en términos generales, con reformas fiscales. La reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la rebaja de los tipos de gravamen en determinados tributos permite avanzar en competitividad.
En definitiva, el diseño de políticas fiscales coherentes que apoyen a las empresas frente a su penalización será una de las grandes medidas que todo gobierno autonómico ha de adoptar. Esta es una de las vías de potenciación del crecimiento económico y de la riqueza; si bien, este estudio destaca que los incentivos fiscales "son injustos para las empresas locales, ya establecidas, que no podrán disfrutar de ellos".
