Alemania es pionera en la transición energética con su conocido "Energiewende". Pero en su aplicación da prioridad a la política industrial sobre la política climática. Como dijo la canciller Merkel después de su reelección en 2013, "es por lo tanto importante que las políticas energéticas e industriales converjan de manera que la transición energética sea respaldada con una política industrial para que, más allá del impacto que puedan tener estas medidas de política energética sobre la competitividad del tejido industrial, el cambio suponga apalancar y consolidar sectores industriales avanzados basados en el desarrollo de tecnologías energéticas de alto valor".
En Alemania, para dar soporte a las energías renovables se introdujo en el año 2000 la tasa EEG-Unlage. La carga inicial era de 2 euros/MW-h, pero alcanzó 68 euros/MW-h en 2018. Sin embargo, los grandes consumidores de electricidad están exentos de esta tasa y, por ejemplo, la producción de aluminio primario o de zinc paga 0,5 euros/MW-h. El precio de la electricidad para grandes consumidores está descendiendo desde el año 2013 y el diferencial con España es de unos 25 euros/MW-h.
En España el soporte a la electricidad renovable se hace en las tarifas de acceso (parte regulada), lo que ha encarecido mucho la factura. Pero España tiene medios para compensar a la industria electrointensiva por los sobrecostes originados por la descarbonización con hasta 400 millones al año o incluso más. En efecto, la directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de GEI permite reasignar hasta el 25% "de los ingresos generados por la subasta de derechos de emisión a los sectores o subsectores que están expuestos a un riesgo real de fuga de carbono debido a los costes indirectos significativos sufragados efectivamente con cargo a los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad". Dado que los ingresos anuales por las subastas son del orden de 1.600 millones, hay margen para revertir a la industria electrointensiva 400 millones al año o incluso más. Pues bien, como una parte importante de estos ingresos son abonados por la industria asturiana que genera CO2, lo justo es que reviertan sobre la industria asturiana gran consumidora de electricidad.
El Gobierno de España puede hacerlo utilizando el próximo Real Decreto sobre el Estatuto de consumidores electrointensivos, de la misma manera que en el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras se estableció que "ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el ejercicio 2019 se destinen a actuaciones de la política de transición justa y de lucha contra el cambio climático, hasta un importe de 100.000,00 miles de euros y para financiar los costes del sistema eléctrico referidos a fomento de energías renovables, hasta un importe de 1.000.000,00 miles de euros".
Hay que preguntarse qué es lo que se entiende por transición justa, si es el ahondar en excluir del mercado de trabajo a personas con edades entre 35 y 40 años o si es mantener en el empleo a trabajadores que contribuyen a la riqueza del país y a que la industria asturiana contribuya a más del 20% del PIB regional. Destinar las aportaciones de la industria asturiana a pagar prejubilaciones no tiene justificación, pues hay que recordar que el impuesto eléctrico por el 5,11269632% de la factura se estableció en los años 90 para cubrir los costes de la reestructuración de la industria del carbón y estos costes se han reducido casi a cero. Por lo tanto, los ingresos del Estado por la subasta de permisos de emisión de CO2 deben revertir a la industria, bien impulsando la innovación o reduciendo las cargas que los grandes consumidores tienen que soportar. La minería del carbón tiene su propio impuesto.
Una vez dicho esto, es evidente que la transición energética es una gran oportunidad de desarrollo tecnológico y de innovación. Tomo de nuevo las palabras del presidente del Comité de Patronos de la Cátedra de Energía de Orkestra, Emiliano López Atxurra, que decía que "es preciso un renacimiento tecnológico e industrial. El fondo del debate no es solo el CO2, es esencialmente el riesgo de caer en la marginalidad tecnológica e industrial europea y, en consecuencia, la perspectiva de decadencia".
Refiriéndonos a la innovación tecnológica, la Comisión Europea ha anunciado el "Fondo de Innovación" por el que el Banco Europeo de Inversiones podrá revertir a la industria unos 10.000 millones procedentes de la subasta de 450 millones de derechos de emisión de CO2.
La descarbonización de la economía es una necesidad. Las nuevas fuentes de energía se llaman conocimiento y tecnología. La revolución afecta a todos los sectores y hace pocos días el decano del Colegio de Ingenieros de Minas recordaba en una brillante conferencia la importancia de los nuevos metales en el nuevo modelo energético. En Asturias está surgiendo una nueva industria muy prometedora, pero hay que apuntalar industrias sólidas que pueden deslocalizarse aumentando la emisión de CO2 allá donde se instalen. El precio justo de la energía y el "Fondo de Innovación" pueden ser una gran oportunidad. Nuestro Gobierno autonómico tiene las ideas muy claras de cómo conducir la transición justa y es de esperar que los gobiernos futuros aparquen planteamientos que castigan al consumidor, que es el gran olvidado de muchos de los planteamientos que se están haciendo en aras de ideologías con mucho coste y poco beneficio.
